Después de los resultados del último censo, se evidencia la necesidad de definir un espacio para la reflexión del tipo de políticas de desarrollo resultantes de un proceso de planificación de programas y ejecución de proyectos, que necesariamente estén orientados a cerrar las brechas de pobreza entre regiones y municipios, fundamentalmente rurales, que aún persisten.
Es evidente que en los últimos años se han logrado avances en materia de salud, educación y vivienda; plasmados en la ampliación de la cobertura médica, en la construcción de más espacios habitacionales, y en la reducción de los índices de analfabetismo y deserción escolar. Sin embargo, estos logros están expuestos a revertirse en la medida en que su sostenibilidad puede verse afectada por la posible reducción de los recursos de la renta petrolera, como consecuencia de la reducción poblacional en algunos puntos geográficos o por la incapacidad de generar recursos propios a nivel local.
Ante este escenario, es responsabilidad de las autoridades de planificación definir una estrategia de asignación de recursos para municipios que contemple elementos complementarios al número de habitantes. Esto porque, de manera irresponsable, autoridades de diversas comunidades presionaron a personas que ya no residen de manera permanente en su lugar de origen para que regresen y figuren en el conteo de su otrora municipio. De esta manera, se distorsionó la realidad, en desmedro de las urbes que se encargan de proveer los servicios de los que gozan diariamente.
Este hecho debiera impulsar a las autoridades de gobierno a considerar factores de asignación de los recursos por coparticipación complementarios, como el grado de pobreza relativa y las capacidades productivas de cada municipio, combinando como indicadores distributivos los índices de desarrollo humano (IDH) y de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que incorporan en su construcción elementos de acceso a redes de agua potable, electricidad, comunicaciones, calidad del trabajo, acceso a postas de salud y otros, en un abanico de prestaciones sociales y capacidades productivas.
Asimismo, se debiera estructurar categorías redistributivas en función a las potencialidades productivas locales. Así, por un criterio de equidad y solidaridad, a los municipios que tengan limitaciones productivas y vean limitadas sus opciones de generación sostenible de recursos propios se les podría asignar recursos permanentes, que aseguren condiciones dignas de vida, en función del logro de metas sociales. Mientras que en aquellos municipios con altas potencialidades productivas y opciones ciertas de generación de excedentes se deberían definir metas concretas de desarrollo económico y social, para que en el tiempo se reduzcan los flujos de recursos de la administración central y generen sus propias economías y recursos.
