Semanas atrás, en una manifestación “pro-vida” en Santa Cruz se podían leer carteles con la frase: “No a los derechos sexuales y reproductivos son perversión sexual”. Un detalle llamativo en el contexto actual de debate por la despenalización del aborto, ya que el Estado ha asumido plenamente la garantía a los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanos en el artículo 66 de la CPE; entre éstos, el derecho a decidir libre y responsablemente acerca de la propia vida sexual, sin coerción, discriminación o violencia; el derecho a la planificación familiar; y requisito indispensable para ello, el derecho a disponer de información, educación y medios para prevenir un embarazo si éste no es deseado.
Para estos grupos conservadores y religiosos, el uso de anticonceptivos es sinónimo de libertinaje. Por eso se oponen a que éstos se distribuyan en las escuelas libres de prejuicios y costos. Por ello, el índice de embarazo adolescente del país está muy por encima del promedio de la región. Tres de cada diez muchachas del grupo más pobre están embarazadas o ya son madres. Además, el aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el país.
Ante esta realidad, al Tribunal Constitucional se le ha ocurrido consultar a las entidades religiosas acerca de la despenalización del aborto. ¿Por qué un Estado laico debería tomar en cuenta la opinión de la Iglesia Católica en un tema que no compete para nada a sus representantes, supuestamente célibes y, por tanto, inmunes al embarazo y al aborto? ¿Por qué un Estado laico que ha consagrado en su Constitución los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanos debería tomar en cuenta la opinión de iglesias evangélicas que abiertamente hacen campaña en contra de esos mismos derechos?
Plantear que la oposición de las iglesias a la despenalización del aborto es una campaña por la vida es una falacia. Nadie está en contra de la vida aquí. Se ha demostrado ampliamente que demonizar el sexo no evita que los adolescentes tengan una vida sexual, y que satanizar los anticonceptivos sólo promueve que tengan relaciones sexuales sin protección contra embarazos no deseados y enfermedades que pueden ser mortales. Se ha demostrado que criminalizar el aborto no disminuye la cantidad de abortos, y por tanto, no evita la muerte de los no nacidos; pero sí incrementa alarmantemente la tasa de muerte en mujeres violadas, sobre todo entre mujeres pobres y adolescentes, que deben someterse a abortos malsanos y clandestinos. Oponerse a los derechos sexuales y reproductivos y a la despenalización del aborto es, entonces, oponerse a la vida de las adolescentes mal informadas, de las mujeres desesperadas y de sus hijos no nacidos.
