La decisión de solicitar una “auditoría técnica” al Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, cuyos resultados han sido cuestionados, y el anuncio de que dicho examen será realizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), parece haber sido la medida necesaria para comenzar a desactivar los conflictos que este tema estaba inspirando.
En efecto, luego de que la Ministra de Planificación del Desarrollo anunciara que la institución especializada en demografía, dependiente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas, enviaría casi de inmediato a su presidente a fin de que éste inicie acciones con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para ejecutar el proceso, que en primera instancia consistirá en una “evaluación poscensal”, fue levantada una huelga de hambre instalada por dirigentes vecinales en Santa Cruz.
De acuerdo con el anuncio hecho por el Celade, la verificación que comienza esta semana “tiene que ver la consistencia del censo en todos sus factores y dimensiones; ver cuál es el margen de error aceptable de acuerdo con los estándares internacionales”, en palabras de la Coordinadora del sistema de Naciones Unidas en Bolivia.
Junto con la protesta vecinal, cuya demanda era la renuncia de la Ministra de Planificación, diversos grupos políticos de oposición se manifestaron con demandas y reflexiones a menudo discordantes, pero coincidentes en el interés de desacreditar el proceso censal, basados no en criterios estrictamente técnicos, sino en la razonable duda que plantea el hecho de hubiera tan grande diferencia entre los resultados parciales comunicados por el Presidente en enero de este año y los definitivos, divulgados semanas atrás.
Sin duda, la brecha entre ambos resultados, como se señaló en esta página en ese momento, abrió un espacio para la duda y puso a las autoridades responsables en la urgente necesidad de clarificar y explicar lo sucedido no sólo para evitar las ya vistas reacciones de carácter político, sino sobre todo para brindar a la población certeza respecto del modo en que se planifica el presente y futuro del país, pues los datos del censo son, a todas luces, y como ya se ha señalado en este espacio el sábado último, cruciales a la hora de distribuir los recursos.
Un otro efecto posible de la duda que se ha sembrado sobre el Censo 2012 ha sido la solicitud de suspender el Censo Agropecuario que debería iniciarse en pocas semanas más, y es seguro que de no resolverse el problema actual, incluso si este nuevo proceso es impecable, habrá razones para sustentar discursos orientados a quitarle validez a los resultados, sean cuales fueran.
Es, pues, de crucial importancia que la evaluación poscensal y, si corresponde, una auditoría técnica sean realizadas cuanto antes y, sobre todo, con la mayor transparencia posible.
