El martes pasado, en la ciudad de La Paz una vez más sufrimos la pulseta de los transportistas y el gobierno municipal para negociar el costo de los pasajes. El resultado es poco alentador, ya que, como en muchos servicios, la discusión se centra en el precio y no así en la calidad. Se trata de un episodio más en la batalla que todos los gobiernos municipales urbanos del país enfrentan cada año, sin un abordaje integral del problema.
Y es que hablar de transporte público atañe a un derecho fundamental en la vida urbana del ser humano. La triada básica en las ciudades está compuesta por vivienda digna, alimentación y transporte accesible y seguro, todo lo demás vendrá por añadidura… Y así lo reconoce nuestra Constitución, que en su artículo 76 dispone: “El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral (…) que sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores”.
Sin embargo, en el último tiempo, utilizar el transporte público en horario pico viola el derecho fundamental a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Quien ha viajado como quinto pasajero en un trufi en La Paz, ha recorrido El Alto en un minibús, o ha surfeado la ciudad colgado de un micro en Santa Cruz sabe lo lejos que está la ley de la vida cotidiana. Por ello, la encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio La Paz Como Vamos (OLPCV) muestra que el 83% de las personas sienten que corren riesgos por el mal estado de los vehículos del transporte público; el 81% manifiesta que es maltratado por los transportistas; y el 77% señala que se les cobra más de lo debido.
Comprenderán ahora por qué los bolivianos, cuando viajamos, palidecemos de envidia al conocer el subterráneo de Buenos Aires, construido en 1913; el metro de México, que data de 1968; o los trenes de Sao Paulo, funcionando desde 1974. Y, pensando en soluciones más actuales, soñamos en el Trans Milenio de Bogotá, surcando las calles paceñas o la Red Integrada de Curitiba, circulando por los anillos de Santa Cruz.
¿Qué tiene en común todas estas soluciones? Por supuesto, la intervención del Estado con inversiones significativas que integran los servicios privados a una red pública central. Además de esto, algunas características comunes son carriles exclusivos para la circulación del servicio público, vehículos con capacidad de 160 a 200 pasajeros (de preferencia amigables con el medio ambiente) y pago de los tiquetes en estaciones con paradas predeterminadas. Todo esto implica una auténtica revolución institucional para la gestión, control y operación del sistema.
Por supuesto no es un sueño barato ni de fácil implementación. Pero el problema amerita la predecible batalla con los choferes y el endeudamiento. Según el OLPCV mencionado anteriormente, en La Paz circulan 291.494 automóviles entre vehículos particulares, de transporte público y transporte de carga. Si consideramos la movilización de las personas cuatro veces al día, el número de pasajeros de la ciudad es de 47,1 millones al mes, que utilizan entre 40 y 60 minutos al día en movilizarse y gastan entre Bs 6 y 12 diariamente. Éste es un ejemplo del tamaño del desafío que los gobiernos municipales deben encarar y claramente, la solución no está en el transporte sindicalizado, libre o cooperativo.
Por todo ello, ayúdeme a decir a los alcaldes del país: ¿qué queremos los ciudadanos?… ¡Transporte público y masivo! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!
