Yo quiero seguir estudiando, por eso quiero abortar” (posteado en Facebook el 14/08). Este post me hizo meditar sobre el aborto, que en Bolivia ha adquirido relevancia —muchas veces superficial— mediática (coincido con Álvarez Virreira, La Razón, 18/08), a raíz de la próxima sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre 13 artículos del Código Penal que penalizan diversas formas de aborto.
Si como hombre no tendré la disyuntiva de decidir en mi cuerpo sobre abortar o no (uno de los argumentos en debate), como ser humano y social me interesa y sensibiliza. Por eso argumentaré sobre el embarazo no deseado desde la perspectiva más simple y menos traumática: su prevención, y lo abordaré desde tres aspectos: educativo y cultural, de salud pública y económico.
En primer lugar, el aspecto educativo y cultural en la escuela, el hogar y social. La educación sexual en Latinoamérica (en promedio y sin grandes diferencias, como conjunto de transmisión de valores, incluida la igualdad de géneros) es limitada y, en bastantes casos, decimonónica. En la sociedad “alabamos” la “virtud” como valor de cambio, pero fomentamos el machismo y negamos información bajo el falso preconcepto de “que promovería instintos sexuales”; en la escuela —pública o privada—, la educación sexual es abordada superficialmente, o simplemente no se la aborda, obviando la realidad de que esos mismos jóvenes y adolescentes desde niños están inmersos en mensajes sobre sexualidad, tanto en medios masivos como en su comunidad, y que desprovistos de información educativa —obligación compartida por la escuela y el entorno familiar— la sexualidad puede convertirse en genitalidad plagada de tabúes reforzados por valores machistas, posicionados en los hogares y en el entorno social que promueven la desigualdad sexual y actitudes negativas. La educación sexual social pasa por valorar las relaciones íntimas entre dos personas como expresión de respeto y comunicación, dándoles la información necesaria tanto para valorar las personas como de relaciones sexuales desmitificadas.
En la salud pública, es deber del Estado brindar información adecuada sobre la amplia gama de métodos disponibles para prevenir la concepción, y facilitar su acceso. Parto del hecho de que la sexualidad, incluida la que se realiza dentro del matrimonio, es mucho más que reproducción, y negarlo es un autoengaño. Esta facilitación, junto con la información sexual correspondiente (obligación del Estado y de la sociedad civil) son las vías para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual y, sobre todo, para evitar las muertes por abortos practicados.
Por último, el componente económico: muchos abortos inducidos son consecuencia de embarazos no prevenidos que conflictúan económica y socialmente a la madre; por tanto, la provisión de recursos a esas gestantes por el Estado (como en muchos países) podría prevenir la interrupción.
Más allá de mi objeción de conciencia, valoro la prevención como la vía más simple y adecuada para evitar los conflictos y peligros de los abortos.
