El INE dijo en enero de 2013 que, según el último censo, éramos 10,3 millones de habitantes. En julio nos redujeron a 10 millones; pero ya en 2010, por proyecciones, alertaron que éramos 10,4 millones; y en 2011, según la encuesta de hogares, éramos 10,7 millones. ¿En qué quedamos? ¿Son diferentes las fuentes de datos, pero cuál es el dato confiable?
Las proyecciones de población se basan en supuestos, y entre las tres fuentes referidas podría ser la de menos peso. Sin embargo, es inadmisible que entre una encuesta nacional por muestreo de tanta relevancia como es la encuesta de hogares (que sirve para formulación y evaluación de políticas públicas, así como para la toma de decisiones en política económica, datos del índice de inflación, desempleo, etc.) y, los resultados del Censo 2012 haya una diferencia de 648.819 habitantes. Una de las dos fuentes está errada, y el INE tiene la obligación de indicar cuál de las dos es confiable. O somos 10 millones de habitantes o nos acercamos a los 11 millones.
La incertidumbre que se ha generalizado sobre la veracidad de los datos censales se pone de manifiesto porque la diferencia entre los datos preliminares y los definitivos en anteriores censos nunca ha sido tan grande como ahora. Datos del mismo INE indican que en el de 1992 la brecha fue de 1,2%; en la de 2001 fue mínima: 0,07%; y en el de 2012, los 362.659 desaparecidos entre enero y julio de este año representan 3,49% del total.
El cuestionamiento que ahora señaló es técnico, como técnico debiera haber sido el operativo censal. Pero como avizorábamos, este operativo jamás debió realizarse tan cerca de las elecciones generales, por su inexorable contaminación política. La amenaza de acatar el censo existiendo tantas dudas técnicas sobre él, porque su no vigencia “perjudicará a las regiones”, no tiene sustento técnico, porque un número de ciudades, municipios e incluso pueblos indígenas reclaman un número mayor de habitantes en sus comunidades que los que registró el Censo 2012. La subenumeración les costará enormes reducciones en sus presupuestos financieros.
El Gobierno, consciente de las dudas cada vez más generalizadas respecto a los resultados censales, ha solicitado al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) realizar una auditoría técnica. Ojo, el dictamen de este organismo de la CEPAL no es validar el Censo 2012. El Gobierno ha declarado oficialmente su validación, y ya lo está poniendo en marcha (municipios ya tienen un factor de distribución de recursos IDH, POA, etc.).
Si el Celade no ayuda a determinar el error de cobertura para conocer el porcentaje de omisión censal y los errores de contenido, será una misión insuficientemente sustantiva.
Deseamos saber si los 10 millones de habitantes, pocos en comparación con otras fuentes, se debe a una importante omisión censal, y si éste se debe a una cartografía incompleta o incorrecta, a la ausencia temporal de los moradores de las viviendas por faenas agrícolas, al “acarreo” al lugar de nacimiento, porque los empadronadores no pudieron llegar a todas las unidades de todas las zonas por dificultades de acceso, a la débil capacitación de los empadronadores o si hubo rechazo a ser censados. Lo peor que le puede pasar a un censo es la duda ante sus cifras y arrastrarla por diez años, y por ende afectar su empleo. En 2005, Perú reconoció fallas graves en el censo implementado ese año y tuvo que emprender otro en 2007. Y lo propio ocurrió más recientemente Chile, con una omisión censal de más del 9%.
