Tres años después de su detención en Irak, tiempo en el que sufrió una serie de maltratos calificados incluso como torturas por Amnistía Internacional, Bradley Manning fue condenado ayer a 35 años de prisión, por protagonizar la mayor filtración de documentos clasificados (cerca de 700.000) jamás sufrida por EEUU, que remitió a la organización WikiLeaks.
El soldado estadounidense deberá pasar entre rejas un tercio de la sentencia antes de poder solicitar la libertad condicional. Además, el veredicto lo degrada de rango militar y le niega el derecho a recibir alguna remuneración de parte del Ejército. Su abogado piensa solicitar el indulto para el joven de 25 años a la Casa Blanca. No obstante, habida cuenta que Barack Obama ha declarado una guerra sin cuartel contra las filtraciones que podrían poner en peligro la seguridad de EEUU, es poco probable que acepte indultarlo. En cualquier caso, la sentencia resulta desproporcionada, e incluso puede dañar la credibilidad de la Justicia estadounidense.
Si bien Manning infringió varias leyes y normas de la institución militar a la cual servía, propios y extraños coinciden en que su accionar, lejos de merecer una pena tan drástica, debió ser reconocido, y no sólo porque comulga con los valores de honestidad y equidad registrados por la propia Constitución de su país, sino también porque propició un necesario debate dentro de EEUU sobre los horrores de la guerra; primer paso para evitar que se repitan.
En efecto, destinado en 2009 a un servicio de Inteligencia en Irak, encargado de analizar las informaciones, el soldado, entonces de 22 años, se encontró con una serie de abusos cometidos por el Ejército norteamericano, y decidió hacerlos públicos con el apoyo de Julian Assange. “He visto arreglos políticos casi criminales (…). Cosas increíbles, horribles, que deben pertenecer al dominio público y no quedarse en un servidor en una oscura habitación de Washington”, le confesó a su amigo Adrian Lamo, quien se asustó ante la enormidad del asunto y lo denunció.
En el proceso en su contra, tratando de establecer pautas de ejemplaridad e intimidación, la Justicia estadounidense desempolvó el delito de colaboración con el enemigo, que no se utilizaba desde la guerra civil de 1861; además, basó su estrategia en la Ley de Espionaje de 1917, por la que hasta ahora sólo había habido una condena.
De allí que las organizaciones defensoras de los derechos civiles han calificado la condena de 35 años contra Manning como un atentado contra las libertades de expresión y de prensa, en tanto busca sentar un peligroso precedente. Y es que calificar como traición la filtración y publicación de datos secretos, sin mayores distinciones ni pruebas, ciertamente cercena los mecanismos de control sobre la administración de Obama, y amenaza seriamente el derecho a la información.
