Como resultado de su inconformismo y molestia con los datos oficiales del Censo 2012, algunos dirigentes cívicos y políticos del país anunciaron su intención de impulsar “censos municipales” en sus departamentos. Consideran que así “demostrarán” que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) están errados y que sus regiones tienen mayor población, lo que significa que deben recibir más recursos.
Más allá del legítimo reparo por un operativo que ciertamente ha tenido problemas y dificultades, la idea de levantar censos a nivel municipal es insostenible. Primero porque las regiones no tienen competencia para hacerlo (la Constitución establece que los censos oficiales son competencia privativa del nivel central del Estado). Y segundo porque debido a la movilidad de la población local, dichas estadísticas no serían confiables.
En todo caso, a fin de sostener con legitimidad la consistencia de los datos poblacionales y preservar la hoy lastimada confianza en el INE, es fundamental encarar con transparencia (como hemos insistido en este espacio) todas las acciones de evaluación poscensal requeridas, incluyendo una auditoría técnica. Sólo así habrá certidumbre para asumir como país los complejos retos del pacto fiscal y la redistribución de escaños.
