Independientemente de toda controversia, los datos del Censo 2012 dan cuenta de que 562.461 personas (el 5,6% de la población) emigraron del país.
Aunque sobre éste y otros datos viene produciéndose una lluvia de ideas respecto a las políticas públicas que el Gobierno debería llevar adelante, para evitar sus efectos, ni ahora ni antes, se ha reflexionado acerca de la cantidad de científicos y profesionales que, escondidos en esa cifra, habrían tenido que emigrar del país por falta de oportunidades.
Si bien la “movilidad de cerebros” es esencial en nuestra era de la información, ya que ella contribuye al intercambio y socialización de conocimientos, tanto que la producción de éste constituiría un patrimonio del Estado, el problema se produce cuando el capital humano más calificado no encuentra incentivos para retornar o quedarse en el país, convirtiendo tal movilidad en una “fuga de cerebros”. Los implícitos de este problema son graves, pues supone la pérdida de ese capital humano, su desaprovechamiento por parte del país, la pérdida de la inversión del Estado en la generación de ese capital, el déficit en la producción de conocimiento y tecnología, y la pobreza del país en estos campos, frente a otros que se benefician con esa diáspora.
Por eso, algunos países de la región vienen esforzándose por repatriar a sus científicos y tecnólogos. Como el Gobierno argentino, que a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reactivó desde 2003 la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior, mediante subsidios a la investigación, financiamiento salarial, ampliación de ofertas laborales con dedicación a la investigación y la docencia por tiempo completo, fortalecimiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, mejoramiento de infraestructura, generación de redes virtuales de investigadores e inclusión de las empresas en el proyecto. Argentina pudo repatriar así a 951 investigadores hasta 2013, éxito que derivó en la conversión del programa en política de Estado.
En el marco de los objetivos constitucionales del Buen Vivir, el Gobierno ecuatoriano viene también impulsando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para repatriar a científicos ecuatorianos y promover la llegada de extranjeros a fin de fortalecer la educación, la innovación científica y el desarrollo tecnológico.
El Programa de Retención y Repatriación de Científicos, llevado adelante por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1991 en México, ha logrado también repatriar a más de 2.000 investigadores, según cifras no oficiales, bajo la lógica de convertirlos en socios del desarrollo. Pero la falta de empleo, la poca creación de institutos de investigación, una muy baja tasa de jubilación de profesores y el exceso de estudiantes posgraduados vienen limitando el éxito del programa.
Ello supone que la repatriación de cerebros depende de condiciones que hacen al costo de potenciar el ámbito científico y educativo, pero también obliga a la solución de problemas, y que en el caso del país tendrían que ver con superar el 9% de hogares que cuentan con internet, que el 60% del presupuesto de la universidad deje de ser destinado a salarios y que ésta se convierta en instancia científica más que política; que la investigación deje de ser monopolio de instancias gubernamentales y sabios operadores de la descolonización; y que las políticas de repatriación no se focalicen en potenciales clientes políticos, como lo dicta el Decreto Supremo 1639, eximiendo de pagos arancelarios en menaje doméstico y herramientas de trabajo a bolivianos que desean retornar al país. Esa es la utilidad de los datos.
Es doctor en Sociología.
