Siete años lleva el proyecto autodenominado “proceso de cambio”, publicitado como efectivo por el Gobierno nacional. Se ha cambiado símbolos, lemas, leyes, denominaciones institucionales y, también, funcionarios públicos por otros funcionarios públicos, desde ministros hasta porteros. Se esgrimen datos estadísticos y cifras. La recaudación impositiva ha aumentado; la inversión pública, dicen, también.
Lo que no se vive es cambios en la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas. El costo de la manutención familiar se ha incrementado varias veces: los servicios básicos, el abastecimiento de alimentos fundamentales, la vivienda alquilada y el precio de adquirir una, la tierra y el costo de producirla. Todo tiene un alto costo, aún cuando los salarios sean ajustados para aquellos que tienen acceso a una remuneración.
Lo que no se vive es cambios en el modelo global que impera más allá del relato oficial, porque el libre mercado manda en el mundo que vivimos, boliviano y latinoamericano, donde el tener es la premisa del sustento diario de la sobrevivencia y, una vez lograda, del concepto de éxito y de poder. Una sociedad enmarcada en esa lógica distante de la esencia del vivir bien y de su especie dibuja una realidad autodestructiva. Lo que venga haciendo un gobierno, que se constituye representando esa sociedad, sea liberal, neoliberal, indigenista o marxista, poco puede enorgullecerle; menos aún argüir que su gestión ha logrado cambios.
Palmasola es el estallido trágico de un sistema de vida que hace aguas hace rato, y que tiene en la corrupción su principal fuente de ingresos. Palmasola es la reflexión lapidaria de que el sistema para conseguir “tener” está organizado más allá de las esferas públicas, y el funcionamiento del Estado se está sosteniendo en la estrecha legalidad, licitud y ética, ahogándolas a su vez con más burocracia, más control, más autoritarismo; mientras la ilegalidad, la ilicitud y la violencia corroen la convivencia social.
Palmasola es el nombre de la estupidez y el drama social. Allí hay mucho más representado de lo que el sistema penitenciario inexistente tenga que construir. Porque hay que asumir y resolver que la Policía no merece medallas como tampoco las merecen las desigualdades en todas sus formas. Debemos plantearnos otra forma de vida y de construcción de la familia y de la sociedad. La ideología aplicada es la que no transa con el relajo y la barbarie: el libre mercado de la oferta y de la demanda como modelo de vida ha destruido el tejido humano de la sociedad, porque centra en la competencia y en el tener —a como dé lugar— la sobrevivencia, el éxito y el poder. La escuela ha dejado de estar en las aulas y en el hogar, donde la infiltración del consumismo de bienes materiales rebasa la capacidad de formación y del capital humano como punto de apoyo y de realización de las personas.
¿Adónde quedan la multiculturalidad, el plurilingüismo, la educación y la inversión pública para vivir bien, cuando la permisividad estatal y social hacen aguas, miran a un lado, dejan pasar, no se plantan inflexiblemente ante el descontrol de esta carrera al suicidio colectivo?
La seguridad es la que debe recuperar el Estado para todos. La seguridad de que la ilegalidad, la ilicitud y el descontrol por el éxito y el poder dejarán de ser los que manden en la vida cotidiana de las personas.
