La sola intención de ejecutar un ataque como el ocurrido el viernes 23 en Palmasola, en el que un grupo de internos armados con palos, objetos punzocortantes, armas de fuego y hasta garrafas agredió a otra banda rival e incendió el pabellón donde dormían, revela el grado de descontrol en el que se encuentra ése y otros penales del país; al extremo de que los reclusos piensan que pueden ejecutar semejante barbaridad sin mayores consecuencias, como si se tratase de una mala película del lejano oeste, en un tiempo y en un lugar sin ley ni Dios.
Tras esta tragedia con tintes de ficción, que hasta el momento le ha costado la vida a 35 personas, entre ellos un niño de dos años y dos adolescentes de 17, una jueza ordenó el traslado de los diez reos que se supone lideraron el brutal ataque. Estos reclusos serán enviados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano paceño.
Probablemente esta medida contribuya a mejorar, temporalmente, la seguridad en la cárcel cruceña, la más grande de Bolivia. No obstante, se trata sólo de un paliativo, pues no ataca la raíz del problema: el total descontrol que impera en las penitenciarías del país, habitadas en condiciones de hacinamiento por personas que en el 84% de los casos carecen de sentencia.
