Se han divulgado los resultados de una evaluación de la Renta Dignidad. Son tan positivos que vale la pena plantearse la ampliación de este bono. Una opción sería eliminar los subsidios a los hidrocarburos y entregar el dinero a las mujeres mayores de 30 años.
El informe de UDAPE dice que la Renta Dignidad ha contribuido a reducir la pobreza en 13 puntos porcentuales, y ha aumentado el ingreso y el consumo en por lo menos un 15%. Alcanza a poco más de la cuarta parte de los hogares bolivianos, no plantea ninguna condición a los beneficiarios, salvo la de ser ciudadanos, y tiene un costo promedio anual inferior a los $us 300 millones. Los subsidios a los hidrocarburos representan más de $us 600 millones al año.
Con ellos se paga a otros países por diésel, gasolina y gas licuado, distribuyéndose mediante precios bajos a la gente, pero en proporción directa a su consumo, con lo que se agrava la inequidad social.
Para 2012 se estimaba que en el país había 1,6 millones de mujeres comprendidas entre los 30 y los 59 años. Si a todas ellas se las incluyera en la Renta Dignidad (o póngale otro nombre si desea), se necesitaría entre 366 y $us 405 millones al año para tal fin. Mucho menos que el subsidio a los hidrocarburos. Ese grupo de población crecerá en los próximos años, pero también lo hará el subsidio, pues nada hace prever una caída en los precios internacionales de los hidrocarburos. Por tanto, este programa es financiable.
La eliminación de los subsidios afectaría a empresarios agrícolas, transportistas, propietarios de vehículos y familias que consumen gas. Con costos más altos, deberían adaptarse a la nueva situación, reduciendo el despilfarro y malgasto de combustibles. A cambio, tendríamos la ventaja de una economía más transparente con precios y costos más realistas. Eso ya es bueno para la economía, el empleo, el consumo y para el medio ambiente, pues es más fácil quemar el combustible cuando es barato.
Ese dinero llegaría directamente a los hogares. De las mujeres que tienen entre 30 y 60 años de edad, aproximadamente un 23% son jefas de hogar, y el restante 77% tiene un rol clave, administrando la alimentación, la educación, la salud y el bienestar general de la familia. El destino del bono que reciban reflejará las prioridades de ese bienestar, y su gasto será mucho más eficiente y preciso que si lo hace un pequeño grupo de tecnócratas, por buenos y bien intencionados que sean. Muchos estudios comprueban que las transferencias en efectivo tienen mejores impactos de bienestar cuando llegan a través de las mujeres; y muchos estudios prueban que a similares niveles de ingreso logran mejor calidad de vida los hogares administrados por mujeres. Los hogares serían netos ganadores.
Finalmente, el consumo de los hogares tiene un efecto multiplicador de 2.19, lo que quiere decir que esos $us 405 millones en manos de las familias representarían un movimiento económico de $us 887 millones. El PIB crecería 3 puntos porcentuales al año como efecto de la dinamización de la actividad económica provocada por la demanda de las familias. Si sabemos bien que es la gente la que genera desarrollo, no el Estado ni la cooperación, ¿no es lógico que pongamos el dinero en manos de la gente?
