En diciembre de 2010, varias personas se asentaron en el parque de Mallasa, alegando que eran hijos y nietos de los legítimos dueños de esos predios, favorecidos con la Reforma Agraria. El Gobierno Municipal de La Paz estima que 40 familias viven hoy de manera ilegal en ese parque urbano, y que han talado más de 2.000 árboles para construir precarias viviendas. Según el Director de Gobernabilidad de la municipalidad paceña, en tres oportunidades la Alcaldía solicitó el apoyo de la Policía y el Ministerio Público para desalojar a estas personas, pero sus solicitudes han caído en saco roto.
Cabe recordar que uno de los factores que define la inversión privada (fundamental para el crecimiento de cualquier economía) es el riesgo país. Cuando este indicador es elevado, los inversionistas también exigen grandes ganancias, de manera que solamente proyectos muy rentables, como la minería o los hidrocarburos, son implementados. No sucede lo mismo con el resto de los emprendimientos, que precisamente son los que más empleo generan. De allí que este tipo de avasallamientos pueden leerse como un atentado en contra del desarrollo de todos los bolivianos, pues afecta la imagen del país y aumenta su riesgo. De allí que Bolivia no puede darse el lujo de permitir este tipo de arbitrariedades.
