La discriminación por razón de género es, a la vez, la más extendida y la menos evidente de todas cuantas existen en la sociedad. De ahí que sea tan difícil obtener transformaciones radicales cuando el compromiso no es tan profundo. Ocurre en Bolivia tanto como en la mayor parte de los países del orbe, y a menudo es estimulada por las propias mujeres.
Cambiar esta realidad desde la esfera del Estado requiere, entre otras cosas, de voluntad política, un marco normativo suficiente, instituciones para gestionar la tarea y presupuesto suficiente para hacerlas funcionar. Hasta donde se sabe, la primera de ellas existe, y la ostensible presencia femenina en espacios de toma de decisiones del Gobierno nacional es prueba de ello (lo cual no ocurre en el resto de los gobiernos subnacionales).
Un marco normativo suficiente está en pleno proceso de construcción, y además de medidas de redistribución como el bono Juana Azurduy, hay otras de carácter protectivo, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). Lo que falta, sin duda, son las instituciones, establecidas en las normas citadas y en otras similares, y el dinero para que cumplan su objetivo.
Así lo ha demostrado, además, un estudio de la Coalición de Mujeres publicado en abril, en el que se evidencia que la disparidad de género aún está marcada en el país y ello se refleja, por ejemplo, en la tasa de analfabetismo de mujeres que triplica a la de varones; en la remuneración laboral más baja que reciben ellas; y en las prácticas culturales patriarcales de los pueblos indígenas.
En ese marco, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en coordinación con instancias gubernamentales, se ha propuesto eliminar estas y otras diferencias a través del costeo de políticas y mecanismos que permitan afrontar el problema. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para lograr la equidad de género, la región de América Latina y el Caribe tiene desafíos comunes en los ámbitos informativo, político, técnico, financiero e institucional. Según la Coordinadora del Programa de Presupuestos Sensibles al Género, de ONU Mujeres, “en Bolivia estamos muy avanzados en leyes para la equidad de género, pero lo que nos falta es promover la institucionalización de todo esto y ello parte de fortalecer un mecanismo propio que promueva acciones y políticas”.
El reto es grande, pero ojalá que no más grande que la voluntad manifestada hasta ahora. Toca que todos los niveles gubernamentales reconozcan que esta tarea los convoca tanto como al resto de la sociedad, y que en la planificación participativa se considere la dotación de presupuesto para hacer realidad las políticas públicas contra la discriminación de género. Un nuevo país puede ser el resultado.
