Lamentablemente siempre habrá personas con enfermedades mentales o traumas psicológicos que los inducen a cometer aberraciones como abusar sexualmente a una niña o a un niño. Para contrarrestar este tipo de actos, históricamente se han implementado diferentes estrategias. La aplicación de fuertes sanciones es una de las más comunes, pues además de ser una medida sencilla y visible, conlleva réditos políticos, en tanto aplaca —temporalmente— la ira del resto de los ciudadanos y les proporciona una percepción ficticia de seguridad.
No obstante, tal estrategia no es precisamente la mejor manera de evitar que estas horrendas acciones se repitan, pues los castigos, cuando son ejecutados, se aplican después de ocurrido el crimen. De allí que antes que endurecer las penas hace falta tratar el tema como un asunto de salud pública, promoviendo por ejemplo un mayor control de los padres sobre sus hijos. Pero también a través de un sistema sanitario que asista a la población en materia de salud mental, con programas de psiquiatría que se ocupen de identificar y tratar a los potenciales violadores, a partir de una serie de señales de alerta, entre las que se cuentan el maltrato de los animales, imposibilidad de manejar la frustración o conductas de oposición extrema hacia los padres y otras autoridades.
