El 25 de septiembre de 2011, en la localidad de Chaparina (Beni), se produjo la violenta intervención policial de la VIII Marcha Indígena que se encaminaba a la sede de gobierno en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure). Transcurridos dos años de aquel condenable hecho, el Ministerio Público, en clara retardación de justicia, todavía no identifica a los responsables de la represión.
Si bien la Fiscalía asegura que se trabaja en las indagaciones, cuya dificultad radicaría en el elevado número de víctimas, lo evidente es que hasta la fecha los resultados son mínimos. No se ha establecido, por ejemplo, pese a las evidencias, quién dio la orden de intervenir la marcha. Y el fiscal asignado al caso dilata la decisión sobre el pedido de incluir en la investigación al exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Como sea, más allá del proceso investigativo pendiente y a la espera de la imputación formal y enjuiciamiento de los responsables de haber planificado e instruido el operativo, queda en la memoria un acto represivo que en ninguna circunstancia debiera repetirse. Es el nunca más a la violación de derechos humanos de indígenas y campesinos como en la plaza central de Sucre, como en Porvenir, como en Chaparina…
