Luego de 52 años de trabajo en Bolivia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) cerró sus puertas en el país el 30 de septiembre. Esto debido a que el Gobierno ordenó su expulsión cuatro meses atrás, porque supuestamente la cooperación que brindaba venía contaminada de injerencia en asuntos internos.
En efecto, según las autoridades de Gobierno, al menos desde 2006 los innumerables proyectos de ayuda financiera y técnica para el desarrollo escondían intereses estratégicos de EEUU, que en muchas ocasiones en teoría estaban orientados a afectar la gobernabilidad, a través del estímulo de posicionamientos críticos de grupos opositores, cuando no de movilizaciones de protesta acompañadas de campañas mediáticas. Idénticas razones esgrimió el gobierno de la Federación Rusa, a fines de 2012, cuando tomó la determinación de expulsar a la agencia de su territorio.
Establecida en Bolivia en 1961, cuando el presidente de EEUU era John F. Kennedy, la agencia de cooperación estadounidense operaba bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica y social de Estados Unidos para América Latina que funcionó entre 1961 y 1970.
Según la propia agencia en su sitio web, en la década de 1960 cooperó en carreteras y servicios básicos; en la de 1970 orientó su ayuda al ámbito agrícola; en los 80, con los regímenes militares, varios proyectos fueron cerrados; desde 1982, afirma, acompañó el establecimiento de la democracia en el país. En la década de 1990 impulsó el “desarrollo alternativo”, particularmente en la región cocalera del trópico de Cochabamba; desde 2000, su apoyo se orientó hacia el desarrollo económico sostenible, especialmente en materias ambientales. Fue con la cooperación estadounidense a través de Usaid que se construyó el aeropuerto internacional de El Alto, que originalmente llevaba el nombre del presidente Kennedy.
Sin embargo, a lo largo de todos esos años, menudearon las sospechas y denuncias sobre el verdadero trasfondo de las actividades de la agencia en el país. Una de las primeras fue la denuncia contenida en el filme Yawar Mallku, del laureado director Jorge Sanjinés, que abordaba el problema de la esterilización forzada de mujeres en la región andina.
Para muchas personas y, sobre todo, organismos no gubernamentales (ONG), se va una de las más importantes fuentes de financiamiento para sus actividades, y no será extraño que algunas comunidades rurales comiencen a manifestar su descontento con la falta de asesoramiento en materias de producción y comercialización. Sin embargo, la decisión tomada meses atrás y ejecutada el lunes último sin duda ayudará a ambos países a bajar las crecientes tensiones en sus relaciones bilaterales o, al menos, no tener nuevos roces.
