El 1 de octubre, la Asamblea Departamental de La Paz sancionó una ley que instruye a la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC) construir un puente en el estrecho de Tiquina, que deberá ser financiado por la Gobernación de La Paz. Con esta determinación, después de muchos años de espera, bloqueos, grandes perjuicios para los pobladores de las regiones aledañas y (lo peor de todo) la pérdida de no pocas vidas, se han dado los primeros pasos para construir un puente en ese transitado lugar del lago Titicaca.
Ahora, le toca al Ejecutivo de la Gobernación promulgar la norma e iniciar las gestiones para ponerla en práctica. Empero, el Gobernador de La Paz no ocultó su descontento con esta ley, pues, según él, ahora será más difícil llegar a un acuerdo con los pobladores que se dedican al transporte de vehículos y de pasajeros, y que se verán perjudicados con la obra.
Sin embargo, en realidad ocurre todo lo contrario. Y es que con esta ley ya no está en discusión si se debe o no construir un puente entre las localidades de San Pedro y San Pablo de Tiquina; lo único que queda ahora es diseñar y ejecutar las estrategias necesarias para efectuar ese proyecto. Pero para ello la Gobernación no debería mostrarse débil ni indecisa, ya que esto puede motivar a los pobladores a violar las leyes e imponer sus intereses.
