Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definiera la fórmula técnica para la redistribución de escaños, de acuerdo con la cantidad de población del Censo 2012, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hizo lo que tenía que hacer: convertir en ley el dictamen técnico del TSE. Decisión que ha puesto al Parlamento en el centro de la atención pública.
Dos características de la coyuntura actual llaman la atención y nos inducen a una reflexión al respecto. Por un lado, el hecho de que justamente los reclamos regionales para impedir la redistribución de escaños se realicen al margen de la ALP; y, por otro, que los reclamos (traducidos en paros, huelgas y otro tipo de manifestaciones) tengan como destinatarios a los altos mandos del Gobierno central.
Situación paradójica como pocas, pues, en ningún caso los representantes regionales (en particular los dirigentes cívicos que están encabezando las movilizaciones) acudieron a sus representantes departamentales (léase diputados) para encauzar o impulsar el debate sobre la redistribución.
En otras palabras, la movilización para defender un derecho inexistente (la inmutabilidad de los representantes en la Cámara de Diputados) se está dando en gran medida al margen de la institución que es hoy motivo de las pugnas que enfrentan a las entidades cívicas regionales con las autoridades del Gobierno central. Es más, la institución responsable por ley para definir el parámetro de distribución, el TSE, prácticamente está fuera del debate.
Esta situación nos lleva a preguntarnos sobre el rol de la ALP. Y es que si la pugna política regional no está siendo expresada mediante los canales institucionalizados, y si justamente los diputados (protagonistas del debate) están, en el mejor de los casos, actuando sobre las consecuencias de una discusión que ellos no iniciaron, entonces el rol del Parlamento, en tanto intermediario de la sociedad y el Ejecutivo estaría siendo puesto en cuestión.
Los diputados electos pueden portar una referencia regional y también sectorial. Su vinculación territorial los convierte (o podría convertirlos) en los portavoces de su departamento en la sede de gobierno. No obstante, la misma semana que acaba con el hito noticioso de la aprobación congresal de la propuesta del TSE nos trajo la triste noticia de que dos diputados avalaron políticamente a un ciudadano extranjero que resultó implicado en un caso de narcotráfico.
En suma, la actual coyuntura plantea una oportunidad para discutir la función de la Asamblea como escenario de debate, discusión y resolución de las tensiones regionales. De igual manera es una oportunidad para debatir el rol de los miembros del Parlamento en tanto representantes regionales y sectoriales, pero también como portadores de una referencia de legalidad y legitimidad en sus actos.
