Padres de familia, dirigentes vecinales y profesores de El Alto han denunciado que varios de los establecimientos de esa urbe (el 15%, según sus estimaciones) carecen de muros perimetrales. En un breve recorrido, La Razón pudo constatar esta situación de inseguridad en al menos tres establecimientos, donde los alumnos están expuestos a sufrir robos, extravíos e incluso raptos (recuérdese que, según registros de la Policía, en la urbe alteña se pierden en promedio 13 menores cada mes, y que el 20% de los casos pueden ser víctimas de la trata de personas, pues no logran ser resueltos).
Cabe recordar que es responsabilidad del Estado garantizar a los ciudadanos el acceso universal a una educación de calidad. Así lo establece la Constitución Política del Estado. Además, la nueva ley educativa (art. 80) aclara que los gobiernos municipales son los responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, mobiliario, infraestructura, material educativo y equipamiento de las escuelas.
Es decir que la Alcaldía alteña tiene una gran deuda pendiente en este sentido con los niños y sus familias, que hacen grandes esfuerzos para mandar a sus hijos a estudiar, muchos de los cuales recorren largas distancias para llegar a clases en busca de un futuro mejor.
