Una de las exigencias de las movilizaciones de octubre de 2003 era el rechazo a la exportación de gas por Chile para el proyecto LNG, a un precio prácticamente regalado: entre $us 0,50 y 0,70 por millón de BTU. Según algunas estimaciones, el proyecto requería una inversión de $us 3.000 millones, de los cuales se generarían $us 1.000 millones anualmente. Sin embargo, con la Ley 1689 de Hidrocarburos el país percibiría únicamente $us 180 millones.
En tanto se masificaban las movilizaciones, la entonces oposición sindical solicitaba discutir un incremento de los impuestos petroleros del 18% al 50%; no obstante, persistía la negativa de la coalición de Gobierno (MNR, MIR, UCS y NFR), por lo que el Reencuentro Nacional propiciado por la Iglesia Católica no prosperó.
El 18 de octubre, Carlos Mesa visita El Alto y se plantea un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación del gas, modificar la Ley 1689 y revisar el proceso de capitalización de las empresas estatales. Con el DS 25507 de 2004, se dio a conocer las preguntas del referéndum, aunque se cuestionó el porqué no se incluyó la interrogante “¿Está de acuerdo con nacionalizar el gas y el petróleo en Bolivia?”. En un marco de presiones, luego de varios proyectos de ley presentados al Congreso, se sancionó la Ley 3058, pero el presidente Mesa decidió devolverla al Parlamento, debido a que la consideraba “confiscatoria” para las empresas extranjeras, una de las razones para que renuncie en junio de 2005.
Si bien la nueva norma no establecía una nacionalización tácita, buscaba fortalecer a YPFB y su participación en toda la cadena de hidrocarburos, además de una obligación para la migración de contratos en un plazo de 180 días y la creación del IDH, entre otros. Cuando Rodríguez Veltzé subió a la presidencia en junio de 2005, las petroleras manifestaron su negativa para migrar los contratos y amenazaron con acudir a instancias internacionales, lo cual forzó a la ampliación de plazos.
En mayo de 2006, con el DS 28701, el Estado recupera la propiedad, posesión y control total de los recursos hidrocarburíferos. En junio de ese año se acuerda la venta de gas a Argentina a cinco dólares por millón de BTU, el cual se ratificó en octubre, además del incremento progresivo de los volúmenes exportados y la implementación de una fórmula de ajuste para el cálculo del precio de venta en función al precio internacional del barril de petróleo. Con lo establecido en el Decreto de Nacionalización, el 27 y 28 de octubre de 2006 se suscriben 44 contratos de operación para brindar seguridad jurídica, pero con mejores condiciones para el Estado.
¿Qué hubiese pasado si se mantenían las condiciones anteriores? Según cifras oficiales, se obtuvieron más de $us 19.705 millones desde la nacionalización, en tanto que con las condiciones de la anterior ley de hidrocarburos se hubiesen obtenido apenas $us 7.368 millones, alrededor de una tercera parte. La diferencia se constituye en lo que las transnacionales se hubieran llevado de no ser la decisión política de recuperar los recursos naturales.
Esta apropiación del excedente también permitió que YPFB deje de ser una empresa residual y se convierta en una corporación que participa en toda la cadena de hidrocarburos, con un patrimonio que se incrementó de Bs 980,8 millones en 2005 a Bs 38.123,3 millones en 2012, y beneficie con la redistribución principalmente a las gobernaciones y municipios del país.
