Para decirlo en fácil, a un año de las próximas elecciones generales nacionales, e igual distancia o poco más de las departamentales y municipales, la autonomía sigue en el limbo: ningún proceso de elaboración de carta orgánica o estatuto ha llegado a convocatoria de referéndum aprobatorio.
Si bien se trata —política y jurídicamente— de una facultad potestativa, los vericuetos de su ruta crítica no han logrado recuperar y proyectar el amplio horizonte constitucional que faculta a los concejos municipales y a los vecinos de las ciudades, a los pobladores de las comunidades, por el camino del encuentro, de la participación posible.
En casi todos los municipios y departamentos, los proyectos avanzados (los menos ya remitidos al control constitucional) han sido encargados a consultores interdisciplinarios con “apoyo” de organizaciones no gubernamentales con recursos financieros y logísticos (léase, objetivos condicionados), a lecturas burocráticas, interpretaciones de puro derecho y reivindicaciones que están más insertas en la visión e intención de los redactores que en los compromisos comunitarios con la realidad y la proyección de alianzas recíprocas, donde todos se sientan integrados en la fórmula de cómo nos organizamos para vivir bien.
No se ha festejado la construcción autonómica como proceso. No se escuchan vivas, ni cohetes, ni fuegos artificiales celebrando pactos de vida colectiva, que concluyan en renovadas elecciones de autoridades, producto de la decisión de sus pueblos. En lo particular, un factor determinante y peligroso, al menos en el caso de Santa Cruz, es el descabezamiento institucional del Tribunal Electoral. A la fecha, no cuenta con vocales designados por la Asamblea Departamental; y de decidir los gobiernos autónomos municipales concluir el proceso de elaboración de sus cartas orgánicas, está en duda la realización del referéndum aprobatorio, imprescindible para su aprobación y vigencia.
Decía la Viceministra de Autonomías, con alcance nacional: “Igual, si no hacen carta orgánica, habrá una ley, que se va a llamar Ley de los Gobiernos Locales (cuyo tratamiento en la Asamblea comenzará en los próximos meses), que será supletoria de las cartas orgánicas para los municipios que han decidido no hacerlas.” En lo referido a los documentos y materiales producidos por ese ministerio, he encontrado gran calidad, especialmente en aquellos dedicados a la difusión del proceso, presentados en formatos inteligibles para toda persona que sepa leer y escribir.
Sin embargo, una ley de gobiernos locales es la confirmación de que los próximos comicios “autonómicos” seguirán regidos por el Estado nacional; y antes de su ingreso al debate parlamentario, habrá al menos que prestar atención de que esta norma no se atribuya reglamentaciones más allá del acto eleccionario, democrático y popular, definiendo potestades ya consagradas en la Ley de Municipalidades y en la Ley Marco de Autonomías, que competen a las propias autonomías en su organización interna.
Hay definiciones del orden de políticas públicas que también valdrían la pena considerar para las elecciones nacionales, procurando una profundización de la democracia y una mejor calidad de participación de candidaturas, como el establecimiento de reglas claras respecto al rol de los medios de comunicación, por ejemplo, que prestan un servicio público y administran un derecho ciudadano como lo es el de acceso igualitario a difundir información, propuestas y candidaturas.
