El término amparo proviene del latín antepare y se refiere, en este caso, a las acciones de defender y proteger. El amparo es en sí la tutela misma del Derecho. El oficio de los tribunales y jueces de garantías, como del Tribunal Constitucional Plurinacional, es otorgar amparo, es decir tutelar los derechos y en consecuencia impartir justicia.
El amparo constitucional se encuentra en los artículos 128 y 129 de la CPE. Conforme a su ubicación en la Carta Magna, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa y garantía constitucional destinada a brindar protección judicial a toda persona, sea individual o colectiva, ante la vulneración de sus derechos. Es una garantía de carácter institucional, de tramitación rápida o sumarísima, que también es conocida en el constitucionalismo comparado como acción de tutela (Colombia), recurso de protección (Chile) o acción de protección (Ecuador).
Se debe reparar que el amparo es una garantía, es decir, un medio procesal idóneo, efectivo y de naturaleza tutelar, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos reconocidos tanto por la CPE como por la ley, en casos en los en que actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o de personas particulares (sean individuales o colectivas) los restrinjan, supriman o amenacen con su restricción o supresión.
Se denomina acción porque se caracteriza por ser un pedido voluntario concreto, un movimiento/pretensión para la defensa de derechos. La acción equivale al ejercicio de una potencia o una facultad, y en lo que respecta al amparo constitucional es una acción rápida que garantiza a todo ser humano el goce de los derechos consagrados en la CPE y las leyes, con excepción de los derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso, que son tutelados por la acción de libertad (Art. 125), los derechos a la autodeterminación informativa (intimidad y privacidad personal o familiar, imagen propia, honra y reputación) que son protegidos por la acción de protección de privacidad (Art. 130), y de los derechos e intereses colectivos, que son tutelados específicamente por la acción popular (Art. 135).
La naturaleza del amparo puede tener un alcance preventivo o correctivo. En el primer caso (preventivo), la acción se instituye contra la amenaza de una inminente restricción o supresión de los derechos establecidos en la CPE o en la ley. En el segundo caso (correctivo) la acción se instituye frente a la consumación de un hecho, acto u omisión que vulneró los derechos reconocidos en la CPE o la ley.
Por su naturaleza, el amparo es subsidiario, es decir, deben agotarse todas las vías previas (jurisdiccionales como administrativas) antes de ser invocado. En Bolivia fue instituido en la reforma constitucional de 1967.
