En octubre por octavo año consecutivo se llevó a cabo la entrega del bono de Bs 200 denominado Juancito Pinto. Como gran parte de las medidas de política económica y social del gobierno del presidente Evo, el bono fue cuestionado tanto por “neoliberales” como por intelectuales de izquierda, con un común denominador: las transferencias monetarias condicionadas son recomendaciones del Banco Mundial y por lo tanto son “medidas neoliberales”.
El bono Juancito Pinto forma parte de las transferencias monetarias condicionadas, mecanismo que surge en México en 1997 con el programa Progresa, como respuesta a las limitaciones de los programas de emergencia que surgieron para paliar los efectos negativos de los ajustes estructurales en el empleo y las consecuencias del recorte del gasto social, como el programa de empleo mínimo del Chile de Pinochet y el Fondo de Inversión Social en Bolivia.
El mecanismo evolucionó dentro de un enfoque de manejo de riesgos que tiene por objeto acrecentar el capital humano y contribuir a la reducción de la pobreza en el largo plazo. Este enfoque se enmarca en la política de protección social, entendida como intervenciones del Estado para prevenir, mitigar y enfrentar los riesgos sociales; es decir que actúan sobre las desigualdades generadas por el mercado especialmente en los grupos más vulnerables.
En este contexto, las transferencias monetarias condicionadas como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad son parte de la política de protección social y representan una respuesta por el lado de la demanda, complementaria a los esfuerzos por el lado de la oferta de más escuelas, más centros de salud, etc.
Es muy común la confusión de instrumentos con políticas, las cuales comprenden fines, objetivos, instrumentos y medidas. Una transferencia es un subsidio o impuesto negativo, según Milton Friedman. Sin embargo, este instrumento siempre existió en la política fiscal y lo importante es que se aplicó a través de una medida, como es el bono Juancito Pinto, un subsidio estatal pero dirigido a la educación. Su antecedente inmediato fue el bono Esperanza aplicado por la municipalidad de El Alto y dirigido a los niños de 1° de primaria. Este subsidio condicionado a la asistencia escolar fue ampliándose con una cobertura actual de cerca de 2 millones de estudiantes hasta el 4° de secundaria. El monto total otorgado es de Bs 390,3 millones, de los cuales YPFB aporta Bs 348 millones, equivalente a 0,2% del PIB, menor al de los gastos reservados.
Si bien contribuyó a la reducción de la tasa de abandono escolar de 6% en 2006 a 1,7% en 2013, su impacto es más amplio, ya que además de ofrecer un ingreso alternativo al trabajo infantil (del cual se dice es condenable), empodera al niño y estudiante, quien ya no es considerado una “carga familiar”, sino también un actor económico y social, aunque sea chiquito.
Recuerdo que cuando se lanzó la medida las críticas iban desde que los Bs 200 eran una miseria, aunque ahora lo están solicitando las escuelas privadas, hasta que no era sostenible. Decían que se lo iban a gastar en dulces y juguetes, que era tal vez mejor darles material escolar o buzos (ya me imagino el operativo de producir y distribuir a 2 millones de beneficiados) o que sus papás se lo iban a farrear. A ver, ¿qué partido o frente, con o sin programa, trata de quitar ese bono a los niños?
