En general, las diferencias entre discursos políticos oficialistas y opositores desaparecen cuando se hurga la profundidad con la que son levantados, unos contra otros, sin arañar un vestigio de respuesta práctica, un argumento consistente, un concepto filosófico o, al menos, concreto.
Estamos inmersos en un bombardeo permanente de posturas electoralistas, donde el que insulta más de lo que dice el otro genera la expectativa de cuál será el tiro de gracia que vendrá del otro lado, y así, los temas y los motivos cambian de cancha como pelota de ping pong o de tenis, sin que se avizore una voz, alguna voz, que con autoridad y a riesgo de ser desoída, pero con el deber de llamar a un alto, ilumine y despeje el campo de las ideas para entablar una discusión amplia, abierta y permanente sobre lo que nos pasa todos los días.
Ante la ocurrencia del Ministerio de la Suprema Felicidad que el Gobierno venezolano ha establecido y las mofas correspondientes, el camino de la felicidad o, para el caso que es motivo de mi diaria ocupación, la calidad de vida que buscamos construyendo la propia, en colaboración con nuestro entorno, no ve horizontes esclarecedores en el panorama político nacional, regional ni de las grandes ciudades bolivianas.
Desde hace décadas se ha instalado “la lucha contra la pobreza” en diversos programas públicos y privados con diferentes denominaciones y dispares resultados. Sin embargo, la generación de riquezas, muchas estrafalarias, insultantes y alienantes, no parece ser asunto de unos ni de otros.
Las inversiones privadas inmobiliarias, de orígenes lícitos y también desconocidos, están destruyendo la calidad de vida de nuestros barrios, la configuración urbana de nuestras ciudades, de los paisajes, ya lo vemos todos: edificaciones de múltiples pisos, conjuntos habitacionales embardados por murallas de varias cuadras de distancia y metros de altura, devastaciones de geografía natural del suelo, etc. Un modo de construir que va más allá de la publicidad del “nuevo modo de vida”, y que afecta, sin que a nadie parezca preocuparle, la suficiencia de los recursos energéticos (agua, energía eléctrica), de los servicios públicos (desagües, estacionamiento, tráfico vehicular y peatonal, residuos urbanos), de la seguridad de las personas (garantías para transitar seguros por calles, avenidas y aceras).
El desarrollo de las iniciativas privadas, como le llaman, choca violentamente con la forma de vida que tenemos, y si también quiere verse desde el punto de vista de la suficiencia del Estado en todos sus niveles, apabulla cualquier capacidad de abastecer planificadamente aquellos servicios o infraestructura previstos que son responsabilidad de lo público.
Si quien es un ciudadano o ciudadana común, que se moviliza a pie o en transporte público, que habita en viviendas unifamiliares (multifamiliares y hacinados, también por supuesto) en barrios abiertos, es presionado por la vorágine inmobiliaria del lucro desmedido y no es tomado en cuenta en su derecho a la calidad de vida de la ciudad abierta donde reside, es que estamos recorriendo una autopista al suicidio de la posibilidad de resguardar la calidad de vida que nos ha costado tanto acceder. Y cuando digo nos ha costado tanto, me refiero al agua potable y suficiente para todos, la energía eléctrica para todos, la utopía de achicar la brecha que decimos procurar para que todos vivamos bien, sin que unos cuantos se apropien de aquello que es de todos a título de un progreso que compra a cualquier precio, encierra, avasalla y nos roba la calidad de vida decente a la que todos tenemos derecho.
