La primera conferencia sobre inclusión social organizada por la red de trabajo Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (Ilaipp) concluye que las acciones de política pública social emprendidas durante los últimos diez años por los diferentes gobiernos del continente tuvieron resultados aún limitados en lo referido al desarrollo económico.
Los resultados de las diferentes investigaciones contemplan que, independientemente al tipo de política de inclusión social aplicada (sea ésta de mayor acceso a todos los niveles de educación haciéndola gratuita; de reconocimiento de derechos a pueblos indígenas, mediante mecanismos de consulta previa para la explotación de recursos naturales en sus territorios, o acceso al mercado laboral a partir de la formación de capital social), ninguna de ellas u otras de corte social han logrado generar necesariamente el cierre de brechas de desigualdad en la distribución del ingreso, creación de empleo sostenible, crecimiento acelerado del producto y generación de procesos de de- sarrollo económico.
Esta evidencia académica señala que las políticas públicas de inclusión social por sí mismas generan efectos neutros en el desarrollo económico; entonces, surge la pregunta: ¿para qué son efectivas? Lo cierto es que esta interrogante trasciende a la racionalidad económica del costo-beneficio o maximización de la utilidad, y necesita ser analizada desde la perspectiva de integralidad y complementariedad con las acciones de política económica y planificación de largo plazo.
Antes de hacer una consideración sobre el tipo de políticas integrales (económicas y sociales) necesarias para acelerar los procesos de desarrollo, es pertinente resaltar que los programas sociales se constituyen en un elemento crítico de cohesión social, que tiene como objetivo generar espacios de poder para que los segmentos de la población marginados por su condición económica, cultural u originaria puedan tomar decisiones sobre la asignación pública de los recursos, que en caso de su omisión existiría el riesgo de acelerar procesos de convulsión social.
Es necesaria una agenda integral de desarrollo que contemple la integralidad entre las acciones de política económica y social. Primero debiera comprender una política macroeconómica contra cíclica de protección social activa que vaya más allá de la preservación de equilibrios macroeconómicos. Segundo, hay que profundizar procesos de industrialización con innovación tecnológica orientados a la formalización de las unidades productivas. Tercero, hace falta una política salarial que precautele el poder adquisitivo además de la creación de mecanismos de seguro de desempleo. Finalmente, se necesita crear una red de protección social de salud y pensiones que atienda de manera eficaz a la población en todo su ciclo de vida.
