En días pasados se presentó oficialmente en el país el informe La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, del Banco Mundial. Éste establece que el 38% de la población latinoamericana habría experimentado un ascenso no a la clase media en sí, sino a la clase media baja que en dicho informe aparece como una nueva categoría definida como “clase media vulnerable”.
Tal categoría, que en otros países de la región ha sido muy criticada por reconocidos estudiosos debido a su dependencia de la seguridad económica, supone en el marco de esa misma crítica a la clase media vulnerable como una amenaza. Ello porque si bien las clases medias ya constituidas requieren de seguridad respecto a su nivel de ingresos, su acceso a mejores servicios y sus condiciones materiales alcanzadas; en los vulnerables dicha seguridad se convertiría en un imperativo debido a su alta probabilidad de volver a ser pobres.
Pero en términos económicos, la seguridad de la clase media vulnerable no dependería únicamente del aumento del ingreso, la mejora de servicios y de óptimas condiciones materiales, sino también de la estabilidad y el crecimiento económico sostenido. Esto porque al menos en el caso boliviano los vulnerables lo constituirían los trabajadores autoempleados y sobre todo los comerciantes formales e informales que requieren compradores. Los vulnerables bolivianos serían así mucho más autónomos y se constituirían en actores sobredemandantes que el Gobierno se vería obligado a atender no ya mediante los tradicionales mecanismos de potenciamiento de la industria (debido a su inexistencia), o el ensanchamiento del aparato burocrático (debido a su ocupación por parte de una élite), sino mediante su conversión en centinela de la economía o simple mejorador de servicios.
Por ello, la categoría clase media vulnerable no solamente estaría definida por un sentido económico, sino también ideológico; y quizá en este caso el Banco Mundial vuelve a mostrar su faz siempre cuestionable en los países latinoamericanos, ya que el cruce definitivo de la línea de pobreza, por parte de los vulnerables, sólo sería garantizado por un determinado tipo de gobierno y/o un determinado tipo de políticas no coincidentes con el radicalismo político, pues la búsqueda de seguridad se sustenta en el deseo de certidumbre y no en el tambaleo del estado de cosas.
El propio informe señala que “el gobierno debe generar políticas para que las clases medias perciban que esforzarse vale la pena”, por lo que ante los vulnerables el Gobierno debe propiciar la protección y ayuda social, los contratos formales de trabajo, la seguridad social, el derecho a prestaciones, etc. Pero ello en el ideal de una economía formal que no existe en Bolivia, pues en éste las clases medias constituidas representan un segmento privilegiado (caso militares), por ese tipo de políticas que propició el Gobierno pero que profundizaron las asimetrías en los niveles de ingreso, que no obstante siguen siendo muy bajos. Por eso, las políticas focalizadas y acordes a las demandas de la clase media generarían una nueva brecha con los sectores empobrecidos, máxime si como señala el informe, la clase alta sólo llegaría en la región a un irrisorio 2%.
Pero el crecimiento de las clases medias supondría también una amenaza, porque alentaría el encarecimiento del costo de vida y, ante un gobierno necesitado de elevar los niveles de recaudación fiscal, propiciaría políticas recaudatorias apresuradas para que los nuevos grupos emergentes que teniendo ahora el privilegio de volar en avión, paguen por ejemplo impuestos hasta por los calzones que transportan, “especialmente si son para regalar y son más de tres”.
