El 5 de octubre, doctores de EEUU llegaron a Bolivia con 60 marcapasos con el propósito de operar a igual número de pacientes de escasos recursos, quienes se iban a beneficiar no sólo con una intervención gratuita de alta complejidad, sino también con los aparatos, valorados en el mercado en $us 5.000. No obstante, un trámite burocrático retiene hasta hoy 30 de estos equipos en la aduana de Santa Cruz (los otros 30 llegaron a través de Cochabamba y no sufrieron mayores inconvenientes para ingresar al país).
Ahora 20 personas que necesitan ser operadas de urgencia están a la espera de que se resuelva este entuerto. El problema es que el tiempo no es precisamente algo que les sobre. Y lo propio ocurre con los doctores estadounidenses, quienes tuvieron que retornar a su país donde tienen otros compromisos por cumplir.
No cabe duda de que las leyes deben ser cumplidas, y que el ingreso de donaciones debe seguir el camino correspondiente. No obstante, resulta absurdo que un problema de exención de impuestos no pueda resolverse en cuestión de horas; máxime tratándose de un incidente en el que está en juego la vida de varias personas, amén de representar un pésimo precedente para quienes desean contribuir con la salud de la población boliviana de escasos recursos.
