El último informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe centra su análisis en los costos e implicancias que tiene la inseguridad ciudadana para los países latinoamericanos y concluye que la tasa de criminalidad se ha incrementado en 11% en los últimos diez años, convirtiendo a la región en la más insegura del planeta.
Lo preocupante de esta cifra, así fría como se la expone, es que a pesar de la bonanza económica acompañada con tasas de crecimiento del PIB superiores al 6%, además de las políticas de redistribución orientadas a la reducción de la pobreza que emprendieron los diferentes gobiernos del continente, es evidente que las medidas adoptadas fueron insuficientes o en extremo inefectivas en términos de inclusión social, desarrollo y mitigación de la violencia.
Los costos directos asociados a la inseguridad ciudadana, traducidos en incrementos presupuestarios para el equipamiento y remuneración de los agentes de seguridad, cuyos salarios en muchos casos no están en consonancia con el riesgo que implica su labor, se encuentran entre el 3 y 10% del PIB, dependiendo del país; a este dato se debe adicionar el 2% adicional por el costo/inversión que significa mantener sistemas de justicia que, a pesar del endurecimiento de las penas, se muestran incapaces de reducir o al menos contener la violencia criminal.
Si el ritmo de violencia sigue en ascenso como ha sucedido en la última década, seguramente en el próximo decenio los presupuestos de seguridad estarán a la par de los de inversión pública y por encima de los montos asignados a educación, salud, vivienda o producción. Trágico.
Ante esta situación paradójica, en la que las estadísticas muestran países con una mejor situación económica con ciertos efectos redistributivos, la violencia en las calles y ciudades de la región asciende independientemente de la línea ideológica de sus gobiernos. Cabe preguntar, ¿qué no se está haciendo bien?
A la luz de los datos y de la realidad cotidiana, es evidente que las acciones de contención (que en muchos casos no son siquiera políticas públicas integrales) son insuficientes y que las autoridades junto a la sociedad civil son incapaces de identificar las fuentes de la criminalidad. Lo evidente es que las víctimas/victimarios son los jóvenes, hombres y mujeres pobres, excluidos social y económicamente, a quienes los efectos de la “buena” situación económica no les ha llegado.
La ausencia de empleos estables y dignos para la población vulnerable a la criminalidad, junto a la existencia de sistemas de justicia inefectivos y la falta de una política de contención de la criminalidad llevarán a los ciudadanos de todos los países del continente a sufrir más robos, homicidios y violencia.
