Resulta imposible soslayar en esta ocasión el comentario respecto de la disposición gubernamental sobre el pago de un segundo aguinaldo tanto en el sector público como en el privado. Como no podía ser de otro modo, de inmediato han surgido las más diversas voces de apoyo o crítica, invocando argumentos de muy diferente laya.
Los que argumentan en contra se han referido críticamente a la oportunidad de hacerlo antes de que la COB confirme su decisión de constituirse en una opción electoral propia; el impacto inflacionario que provocaría en vista de su coincidencia con el mes de mayor alza de precios debido al gasto navideño de los hogares y, de manera general, a la intención de fidelizar a un segmento del electorado con un nuevo reparto de dinero en efectivo.
Las autoridades han venido argumentando por su parte en sentido de que se trata de un premio al esfuerzo de los asalariados por haber contribuido este año a una tasa de crecimiento del 6,5% mediante una mayor productividad. De ahí el nombre aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”. Se ha establecido además la condición de que en el futuro se vuelva a pagar el doble aguinaldo si el crecimiento supera el 4,5%. Dicha meta resulta en todo caso arbitraria, sin conexión con ningún criterio conocido, aunque parece destinada a que el pago se repita el próximo año.
Entre los organismos internacionales existe un cierto consenso de que se necesita un crecimiento mínimo por habitante del 6% a lo largo de varios años para superar los aspectos más lacerantes de la pobreza. Nótese primero que, descontando el crecimiento demográfico, dicha meta se ubica casi al doble del umbral que se ha impuesto el Gobierno. En segundo lugar, no es frecuente que la superación de un cierto nivel de crecimiento se traduzca en un aumento salarial dispuesto unilateralmente por parte del gobierno en turno.
Es muy frecuente en cambio que en las negociaciones anuales tripartitas se establezcan metas para aumentos salariales escalonados de acuerdo con un conjunto de criterios, que incluyen por cierto el nivel de la inversión, la tasa de inflación y el crecimiento real de la productividad, entre otros aspectos, y que además se determinan por sectores y ramas industriales.
En tanto que no fueron consultados previamente, los representantes del empresariado han indicado que acatarán la medida, pero que para ello requieren cierta ayuda en términos de un mayor plazo para cumplirla, acceso a créditos y cosas parecidas. El ministro Luis Arce, por su parte, ha señalado que el empresariado cuenta con los suficientes recursos para pagar el doble aguinaldo porque sus utilidades en 2013 han crecido en más del 11%, superando los $us 4.100 millones.
Y es acá donde empiezan los verdaderos problemas, puesto que la cifra del ministro es un agregado que incluye las más diversas situaciones empresariales, sectores de actividad, tamaño de la unidad económica y engloba además, por supuesto, a las empresas petroleras, los bancos, las grandes casas importadoras y las transnacionales de la minería. El volumen de empleo de todas ellas es bajísimo en comparación con lo que ocurre en el enorme ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, que albergan a la mayoría de la población asalariada urbana en diversas condiciones de informalidad. Si en este estrato mayoritario en número pero magro en productividad no se cumple con las normas laborales y tributarias, es poco probable que se concrete el beneficio de un segundo aguinaldo. Se trata, por consiguiente, de beneficiarios que tendrían derecho pero probablemente no recibirán. También hay los que no tienen ahora derecho pero deberían recibir y, por supuesto, está el enorme contingente de los funcionarios y empleados públicos, cuya productividad queda todavía por demostrar.
