Si bien la expresidenta de Chile Michelle Bachelet no ganó como se esperaba en la primera vuelta, dado el 46,7% que obtuvo, mientras la candidata oficialista celebraba su paso a la segunda vuelta, pese a obtener sólo el 25%; lo que desató un tsunami en el oficialismo y en la derecha, generando un nuevo escenario político. El relativo equilibrio entre la concertación y la derecha desde el retorno a la democracia se había roto. La Nueva Mayoría de Bachelet sacó 67 de los 120 diputados, frente a 48 del oficialismo (Alianza) y 21 curules de los 38 del Senado.
Así, se estima que el 70% del programa de gobierno de Bachelet podría aprobarse en el Congreso sin apoyo de los votos de la Alianza y podría lograr captar algunos votos de independientes y de la centro-derecha para modificar algunas leyes orgánicas constitucionales, como la gratuidad de la educación y el régimen de concesiones mineras. Sin embargo, aún queda el poder de veto para convocar a una asamblea constituyente, para el proyecto del Estado laico o el reconocimiento a los pueblos indígenas (80 para diputados y 25 para senadores).
En el campo económico propone reformas necesarias para un país más justo e igualitario. Así plantea su programa económico: “Nuestro principal objetivo es enfrentar la desigualdad para que los beneficios del desarrollo sean percibidos por todos. No es sostenible la situación actual, donde las oportunidades se concentran en quienes tienen mayores recursos económicos y capital social”. No plantea un nuevo modelo económico, sino reformas de políticas públicas, como por ejemplo la reforma tributaria, cuyo objetivo es aumentar los ingresos permanentes del fisco en 3% del PIB.
En el área tributaria ha puesto énfasis, en primer lugar, en terminar con el Fondo de Utilidad Tributaria con una reforma que busca que dueños de empresas tributen por la totalidad de sus utilidades. Plantea bajar la tasa máxima de impuestos personales a 35% y subir la tasa de impuesto a empresas a 25%.
El programa económico es muy cauto sobre el papel del Estado, puesto que plantea una “Buena Economía”, el reforzamiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y, dentro de ella, la capitalización de Codelco, para que la empresa minera lleve adelante sus proyectos estructurales, a fin de que su producción no disminuya y retome su competitividad internacional. Postula la “modernización” del Estado y, en esa área, el perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas. Propone revalorizar el rol de la Empresa Nacional de Minería (Enami) e impulsar un ambicioso plan de inversión pública y concesiones, a la vez que un conjunto de medidas de apoyos sectoriales. En el ámbito de las pensiones quiere conformar una AFP pública.
No obstante lo anterior, el programa económico moderado ya provocó reacciones que llegaron a decir que “Un fantasma recorre Chile… no es ni el socialismo ni el comunismo, sino el espectro del populismo”. Es decir, todo intento de lograr, además del crecimiento económico, una justa distribución de la riqueza y del ingreso es tildado de populismo y asociado a la experiencia venezolana y pronostican su fracaso económico. Ni siquiera tratan de entender la experiencia boliviana, que ha logrado el crecimiento económico, la estabilidad económica y una mejor distribución del ingreso y la riqueza.
