Adulterar medidores de electricidad para pagar menos de lo que corresponde se está convirtiendo en un próspero negocio en varios municipios del país. Por ejemplo, en El Alto hay técnicos de empresas distribuidoras de energía que hacen este tipo de “trabajo” por tan sólo Bs 150. Y lo propio ocurre con medidores de agua. También están los que sencillamente se “cuelgan” de conexiones públicas o privadas para no pagar un solo centavo.
Ambas prácticas, que ocurren en los centros urbanos pero también en las áreas rurales, atentan contra el bolsillo de la población en general, pues las tarifas se tienen que incrementar para compensar estos robos. Además, y más grave aún, ponen en riesgo la sostenibilidad de los servicios, ya que puede llegar un punto en el que las compañías sencillamente no puedan cubrir estos déficits, dejando a miles de personas sin agua potable o electricidad. De allí que la ley sancione estos delitos con penas de dos a seis años de cárcel.
No obstante, habida cuenta de que la Justicia no se cumple en esta clase de saqueos, habría que buscar sanciones alternativas, como la realización de trabajos sociales o el pago de elevadas multas a quienes roben servicios públicos, amén de inculcar en las nuevas generaciones el respeto por el bien común, que es la única manera de que el país prospere.
