Pobladores de siete zonas del radio urbano de Potosí han iniciado, nuevamente, una cruzada en contra de los ingenios y las comercializadoras de minerales que operan a su alrededor, pues la contaminación que estos centros generan está poniendo en riesgo su vida y la salud de sus seres queridos, siendo los pequeños y los bebés en gestación los más afectados.
El aumento de enfermedades, que van desde la irritación de ojos y piel; pasando por asma, bronquitis, cólicos, males hepáticos, problemas en los sistemas renal y nervioso; hasta malformaciones, abortos y cáncer, motivaron la movilización de gran parte de los pobladores de la Villa Imperial, quienes, por enésima vez, intentan cerrar el grifo a la fuente de estas dolencias: la minería. Una actividad que deteriora el medio ambiente en todas sus etapas y libera metales pesados, como el plomo, sumamente dañinos para la salud de la gente y los animales.
Empero, no se trata de una tarea sencilla, y no sólo porque la economía de la capital potosina depende en gran medida de esa actividad (el 50% de la población trabaja directamente en rubros vinculados a la explotación de los minerales, y el resto lo hace de manera indirecta), sino también porque las autoridades medioambientales no cuentan con la fuerza ni el apoyo legal (las leyes vigentes no son coercitivas) necesarios para cerrar las actividades mineras que se realizan sin ningún tipo de cuidado.
De allí que la contaminación afecte a los centros mineros por todos lados. Por ejemplo, cientos de vehículos pesados circulan diariamente por la avenida Circunvalación, que atraviesa gran parte de la ciudad de Potosí, transportando minerales sin ningún tipo de protección, con contadas excepciones. En su trayecto, los motorizados derraman el mineral (en algunos casos procesado con químicos), y el viento dispersa estas partículas tóxicas, que contaminan los alimentos y son aspiradas por los vecinos.
A ello se suma el trabajo de 24 horas de los 30 ingenios apostados en el lugar, que depositan diariamente unas 4.200 toneladas de agua contaminada (colas) al dique de San Antonio, según una investigación de la Red Aclo. Por efecto de las lluvias, los agentes contaminantes son arrastrados hacia otras zonas del entorno, lo que además de afectar la salud de la población, promueve el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres, amén de perturbar la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos.
Por todo ello, no es casual que los pobladores de barrios mineros de la ciudad de Potosí tengan entre 9,7 y 60 microgramos (mcg) de plomo por litro de sangre, cuando, según la OMS, el máximo tolerable es de 10 mcg. Como se puede observar, la minería (ligada a grandes capitales pero también a pequeñas empresas, cooperativas e incluso comunidades enteras) representa una de las problemáticas socioambientales más críticas del país.
