Ahora resulta que, según algunos voceros de la oposición y las siempre infaltables iglesias, el futuro Código Niña, Niño y Adolescente es “proaborto” y “atenta contra la vida”. Qué tal. Llegan a esa tremenda e insostenible conclusión debido a un artículo de la proyectada norma que define como sujetos de derechos del Código a las personas desde su nacimiento hasta los 18 años cumplidos. Es evidente que la oposición necesita mejores banderas políticas. ¿Y las iglesias?, menos ceguera.
¿Qué pretenden estos autoproclamados defensores de “la vida”? (como si todos los demás fuésemos portavoces de “la cultura de la muerte”). Quieren imponer sin análisis ni debate, cabalgados en sus dogmas, algo que no lograron en la Asamblea Constituyente. Pretenden que el derecho a la vida, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado para todas las personas, sea asumido “desde la concepción”. Ya lo intentaron sin éxito en el proceso constituyente. Ahora buscan hacerlo en un Código.
Por ello sería no sólo inconstitucional, sino también vergonzante (hay que decirlo claro y fuerte) que la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumiendo falacias y prejuicios, modifique el citado artículo 5 del avanzado Código Niña, Niño y Adolescente. A lo sumo, para evitar “susceptibilidades” y una “mala interpretación”, el artículo debiera ir precedido textualmente por el mandato constitucional vigente: “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”.
Claro que la Conferencia Episcopal Boliviana, supongo que con genuina pero caduca preocupación (seguramente fundada en la experiencia de algunos de sus colegas), va más lejos todavía. Se opone no sólo al mencionado artículo, sino también a la incorporación del derecho a la salud sexual y reproductiva. La Iglesia no quiere que el Estado desarrolle y garantice procesos de información, sensibilización y educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva de los sujetos de derechos amparados en el Código.
Más allá de estos fantasmas agitados periódicamente para advertir sobre el riesgo —en palabras del convergente diputado Rubén Darío— de “entreabrir la puerta al aborto del oficialismo” (sic), lo que permanece intacto es el postergado debate nacional sobre la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Hace poco esta sensible cuestión, que sin duda divide, fue oficialmente vetada por elecciones (“hasta 2015”) tras una fallida/malograda discusión.
¿Y el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Cuándo se pronunciará sobre la consulta que le hicieron al respecto? ¿Seguirá con los plazos suspendidos hasta el postrero día? Desde septiembre, cuando anunciaron que “se tomarían su tiempo para el análisis”, los magistrados parecen haber archivado el complejo asunto. Indican que posiblemente hablen del tema en su Sala Plena de este jueves. Pero no habrá resolución sobre la despenalización del aborto hasta el próximo año. O más.
Mientras tanto, como bien y sobradamente ha sido dicho, miles de mujeres en el país, por diferentes motivos, interrumpen embarazos no deseados. Lo hacen más allá del diseño normativo —bien o mal encaminado— y de los sermones religiosos. Y lo seguirán haciendo a pesar de códigos, tribunales, oraciones. ¿Cuán difícil resulta entender y asumir que cerca de medio millar de mujeres, siempre las más pobres, mueren cada año en Bolivia por abortos clandestinos, mal practicados? ¿Hasta cuándo?
Por ello, es por demás lamentable que el aborto, esa decisión in extremis, siga agitándose recurrentemente como bandera —ora celestial, ora terrestre— cuando en esencia la cuestión es sobre desigualdad, salud pública, derechos… Aquí todas y todos defendemos el derecho a la vida, carajo. Y todas y todos, desde el nacimiento, somos sujetos de derechos.
