Ayer, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad, que tendrá a su cargo identificar a los responsables de violaciones de los derechos humanos y ubicar los restos de las personas declaradas desaparecidas en las dictaduras desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982. La apuesta es grande, como la deuda histórica.
Según la información brindada por el Senado, la Comisión de la Verdad tendrá entre sus funciones el solicitar, de manera fundada, y obtener información de entidades públicas o privadas, con fines de investigación; recibir denuncias y pruebas, y presentarlas en su caso al Ministerio Público; coordinar acciones con entidades públicas y privadas para la ubicación del paradero de restos de las víctimas de desaparición forzada; coordinar acciones y contribuir con entidades públicas y privadas para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley establece que la comisión a ser creada tendrá una vigencia de 36 meses, computables a partir de la aprobación de su reglamento interno, plazo que podrá ser ampliado mediante resolución ministerial por 18 meses. Estará constituida por un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), dos organizaciones de derechos humanos, y representantes de los ministerios de Justicia, Defensa, Gobierno y de Relaciones Exteriores (uno por cartera).
Al referirse al trámite que se realiza en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la presidenta del Senado justificó la aprobación de la norma asegurando que existe una herida abierta desde hace 50 años, porque no hubo voluntad política para cerrarla. “No conozco antecedentes de que haya existido un gobierno en todo este periodo que haya planteado esta Comisión de la Verdad, porque no le interesaba hacerlo, probablemente, porque algunos de sus miembros eran parte de los procesos de dictadura”, sostuvo la autoridad.
La legisladora aclaró que este gobierno y la bancada del MAS no van a ocultar o manipular información para esconder a ningún asesino, torturador y victimario de bolivianas y bolivianos. “No tenemos por qué hacerlo, no convivimos con ellos, no tenemos nada transado con ellos, no los necesitamos para mantener y sostener nuestro poder, no necesitamos de ellos para ser gobierno ni para ser la bancada mayoritaria en el Senado y en Diputados”, afirmó.
Considerando las muchas veces que activistas de derechos humanos y víctimas de las dictaduras han acusado al Gobierno de no tener suficiente voluntad política para encarar este tema, y la cerrada posición de las Fuerzas Armadas a la hora de revelar lo sucedido entre 1964 y 1982, la Comisión será muy polémica, pero también necesaria.
