Nunca fuimos tan capitalistas como ahora. Así me decía un amigo para ironizar sobre la avalancha de leyes de protección y defensa de nuestros patrimonios culturales. Así, la Llajta se ha declarado la “capital gastronómica de Bolivia”, Morochata es la “capital de la producción de la papa”, Entre Ríos (Cochabamba) la “capital hidrocarburífera” y Punata la “capital del rosquete”. Otras ciudades poseen títulos no menos ostentosos como “capital del Chaco boliviano” o “capital de la Amazonía”. El catálogo es infinito.
Más allá de estas declaratorias rimbombantes, creo que estamos frente a un fuerte y complejo proceso de patrimonialización normativa que no solo responde a la necesidad de defenderse frente al plagio y al saqueo cultural, estas iniciativas legales obedecen a una evidente demanda de identidad de las regiones, provincias y pueblos. Pero además, ellas son el síntoma de la emergencia de un nacionalismo defensivo que intenta contener o al menos relativizar la intensa e incesante circulación de bienes culturales a nivel global, no solo del epicentro norteamericano y europeo, sino también del Asia.
Gracias a su cualidad autonómica, los gobiernos autónomos tienen la facultad de promulgar leyes con el fin de poner en valor al patrimonio departamental. La Gobernación de La Paz en 2006 catalogó a la “marraqueta” como patrimonio paceño, y más recientemente, en febrero de 2011, la mohoseñada como patrimonio cultural intangible. Por su parte, la Alcaldía paceña ha declarado patrimonio cultural intangible a la “cueca paceña”, a 22 platos y bebidas tradicionales de La Paz.
Desde 2006, inicio de la gestión del presidente Evo Morales, a la fecha la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado 134 leyes patrimoniales; recientemente se declaró, mediante decreto ley, a la morenada, kullawada, llamerada, caporales y saya afroboliviana como patrimonio del Estado Plurinacional en música y danza. Otro dato relevante: desde 2010, en Cochabamba se han aprobado 23 leyes patrimoniales; en cambio, hay muy pocas leyes, por ejemplo, sobre seguridad ciudadana o fomento a la investigación científica.
Pero la patrimonialización de bienes tangibles e intangibles tiene paradojas notables, una de ellas es la apropiación por el Estado, en todos sus niveles territoriales, de patrimonios que corresponden a los pueblos indígenas originarios, y que son nuevamente invisibilizados en la “cultura nacional” o en la noción de patrimonios departamentales.
Me pregunto si las leyes y las declaraciones simbólicas son instrumentos suficientes para proteger y valorizar el patrimonio tangible e intangible de los bolivianos. No estoy seguro, pero es indudable que vivimos en la capital mundial de las capitales.
