El último episodio del caso el estadounidense Jacob Ostreicher, tristemente célebre por haber sido víctima de una red de extorsión y que acaba de fugar del país sin que las autoridades encargadas hubieran hecho algo para evitarlo, no solo arroja una nueva mancha sobre la imagen de la Justicia en Bolivia, sino también puede poner en cuestión al Estado Plurinacional.
El caso ya era motivo de vergüenza desde el momento en que se hizo público, pues no solo que esto ocurrió porque un famoso actor de Hollywood llegó al país para denunciar retardación de justicia en el juicio que se le seguía al estadounidense, sino también porque vino acompañado de la revelación de que una red de extorsión estaba funcionando en el ámbito de la justicia cruceña.
En ese momento, si alguien aún tenía dudas sobre la debilidad del Ministerio Público, o al menos de muchos de sus fiscales, frente a presiones e injerencia externas, pudo absolverlas con la amarga revelación de que un grupo de abogados, aprovechando su poder en el Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, se dedicaban a la extorsión de imputados con apoyo de jueces y transaban el resultado de los procesos.
Gracias a las gestiones de Sean Penn, bien financiado por la comunidad judía de Nueva York, la misma que probablemente ha movilizado recursos para la evasión que aquí se comenta, Ostreicher ganó una imagen de pobre víctima de la Justicia boliviana, y casi no se discutió la acusación de lavado de dinero que pesaba en su contra, mucho menos se mostró las evidencias que permitían sustentar esa acusación.
Podrá decirse que el estadounidense, al igual que muchos otros conspicuos evadidos de la Justicia boliviana (la mayor parte de ellos estrechamente vinculados con la más extrema oposición política al actual Gobierno), huyó para evitar una merecida sanción por sus delitos. Sin embargo, es evidente que todos ellos tienen en común un justificado temor de no acceder a un juicio justo.
Como reacción al vergonzante episodio, el Gobierno ha anunciado que habrá sanción para fiscales y jueces que no cumplan con los plazos procesales, principal causa de la retardación de justicia. A su vez, la Ministra de Justicia ha adelantado cuál es el procedimiento legal para intentar que el fugado vuelva al país a enfrentar el proceso en marcha, pero los antecedentes no permiten ser del todo optimistas.
Hay, pues, mucho que hacer en materia de administración de justicia en Bolivia, pues ahora está claro no solo que acceden a mejores condiciones de procesamiento quienes más dinero tienen, sino también que está a su alcance la posibilidad de huir del país con ayuda de “profesionales” en esos menesteres, como denunció el diario The New York Times. Mientras tanto, los pobres siguen siendo el rostro visible de la retardación de justicia.
