Durante el proceso constituyente, bajo el liderazgo político del MAS, se estructuraron varios pactos sociales que nos permitieron contar con una nueva Constitución Política del Estado, que nos une y enorgullece a todos. En la nueva CPE, los derechos indígenas y de las mujeres fueron plenamente reconocidos y celebrados por el naciente Estado Plurinacional. Todavía recuerdo cómo las organizaciones de mujeres, junto a los indígenas, concentrados en El Alto en febrero de 2009, formulamos un juramento colectivo para “respetar y hacer respetar” la nueva Constitución. Cantamos, lloramos y celebramos juntos un proyecto político donde cabíamos todos y todas y reconocimos un liderazgo unificador de nuestras aspiraciones de cambio.
Para algunos el sueño duró muy poco. En septiembre de 2011 los indígenas supieron que ya no eran parte de este proceso. Con dolor y rabia asumieron que el cálculo electoral los consideraba muy pocos para ser tratados con dignidad.
Hoy nos toca a las mujeres expresar la misma rabia ante la imposibilidad de desafiar el nuevo cálculo electoral, que antepone los prejuicios de una iglesia caduca frente al mandato constitucional. Y es que las mujeres nos creímos el discurso de un Estado laico, y sobre todo confiamos en que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaría las leyes consensuadas con la sociedad civil, sin manipularlas por cálculos electoralistas de último momento, violando la Constitución.
Y este tal vez es el error mayor. Suponer que este nuevo pacto con la Iglesia llevará la campaña por la reelección a los sermones religiosos y esto les sumará votos. Este cálculo no asume que entre sus más preciados electores se encuentran los sujetos activos del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente.
Nuevos votantes mejor informados que demandan respeto por su individualidad y que tienen claridad sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Por esto, durante la campaña, no se atrevan a convocarlos con sus valores conservadores sobre la familia y el Estado.
Y es que es una verdadera vergüenza que la Asamblea Legislativa Plurinacional considere ampliar los derechos de las personas “desde su concepción” cuando, al abrir los periódicos, constatamos la incapacidad estatal de proteger a los niños y niñas que ya han nacido y que deben enfrentar en su corta vida historias de maltrato y tortura inhumanas. Y, mientras la Asamblea legisla sobre la fantasía, ninguna adolescente dejará de abortar por haber leído el artículo 5 del Código, y seguirá poniendo en peligro su vida frente a la clandestinidad y la sordidez del millonario negocio de la muerte. Y en un inútil intento de salvar los embarazos no deseados, los defensores de la moral se constituyen en cómplices de cerca de 500 muertes al año, la mayoría de ellas adolescentes.
En este momento del rumbo de la historia de nuestro proceso de cambio no puedo evitar que en mi corazón resuenen las palabras de Saramago al expresar su oposición al régimen cubano: “Hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo. Disentir es un derecho que se encuentra y se encontrará inscrito con tinta invisible en todas las declaraciones de derechos humanos. Disentir es un acto irrenunciable de conciencia”.
