Entre el 21 y el 31 de diciembre al menos 32 personas fallecieron y 140 resultaron heridas en el país como consecuencia de accidentes de tránsito. Esto sin tomar en cuenta los nueve pasajeros que murieron en suelo chileno luego de que un bus boliviano volcara cuando se dirigía rumbo a Arica, ni los accidentes registrados durante el feriado de Año Nuevo.
Si bien el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores explican en gran medida estos lamentables hechos, la mala condición de los vehículos fue también preponderante para que muchas de estas colisiones ocurriesen. Por ejemplo, una falla en el sistema de frenos de un minibús que bajaba por la autopista La Paz-El Alto provocó el lunes el mayor accidente urbano del año, en el que diez personas murieron.
De allí que haga falta realizar una rigurosa evaluación de la revisión técnica vehicular, proceso que justamente ahora se está llevando a cabo. Pues el accidente antes mencionado así como otros casos similares, además de las deficiencias burocráticas y administrativas que se le atribuye, ponen en evidencia que este proceso no está cumpliendo a cabalidad su función: asegurarse de que los vehículos que circulan en el país lo hagan en condiciones óptimas, emitiendo la menor cantidad de gases contaminantes posible.
