Como todos los años, al acercarse la fecha final del periodo establecido para la inspección técnica vehicular, el Organismo Operativo de Tránsito, instancia autorizada para la tarea, anuncia que el plazo debe ampliarse por varias semanas. En esta ocasión, la ampliación será por tres meses, hasta el 11 de abril.
El Director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR) de la Policía señaló que hasta la fecha límite (11 de enero) solo iban a cubrir el 40% de los vehículos. De allí que, haciendo cálculos, determinaron que eran necesarios tres meses más “para que asistan todos sin hacer filas”. Si bien la medida parece apropiada por el hecho de que se está dando oportunidad a la mayoría de rezagados en hacer la inspección, que es obligatorio por cuanto, se supone, es una medida para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por el país, lo cierto es que esta recurrente situación tiene origen no tanto en lo moroso e incómodo del trámite, como en la evidencia de que es inútil.
Los constantes accidentes causados por el mal estado de los vehículos, especialmente del transporte público, son la muestra de que el control, en los hechos, no es tal. Urge, pues, repensar esta medida, que se supone es para garantizar la seguridad de las personas antes que las recaudaciones.
