En enero de 2008, Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Chile. A través de este recurso legal espera incorporar a su soberanía unos 35.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en el Pacífico, un área que actualmente está bajo dominio chileno. El tribunal internacional finalmente emitirá un fallo sobre este caso el 27 de enero en su sede de La Haya (Holanda). En Santiago y Lima han asegurado respetar la decisión, sea cual fuera, y recuperar el tiempo que se perdió a favor de la integración regional. El asunto de la recuperación de confianzas será algo más complejo.
El proceso, que formalmente no involucra a Bolivia, ha sido monitoreado por la diplomacia del país, incluso desde mucho antes de que el juicio sea formalizado. A fines de 2005, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé reunió a excancilleres para evaluar la acción legal que, para entonces, ya se anunciaba desde Lima. La preocupación estaba vinculada con las eventuales afectaciones para la demanda marítima de Bolivia, en caso de que ésta sea resuelta con la franja territorial al norte de Arica, en la frontera sur del Perú. La base legal de esta solución descansa en el Tratado de Límites de 1929, firmado entre Lima y Santiago, y que abre la posibilidad de la cesión de territorio “para una tercera potencia”, que no puede ser otra que nuestro país, pero con la anuencia del Estado peruano.
En marzo de 2009, en ocasión del recordatorio de la defensa boliviana de Calama de 1879, cuando Chile se apropió de la antigua provincia boliviana de Litoral (400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio), el presidente Evo Morales dijo que la demanda de Perú en La Haya podría perjudicar el anhelado reencuentro con el mar, siempre a merced de la negociación diplomática, ya instalada en distintos escenarios históricos y animada por intereses políticos, económicos y geopolíticos.
Mientras tanto, Bolivia buscó mejorar su acceso a los mercados de ultramar, al que tiene derecho por efecto del Tratado de 1904, y otras iniciativas como la renovación del acuerdo de Ilo, firmado con Perú en 2010. El pacto aún no está vigente a falta de una ratificación congresal. La demora es considerable y es de esperar que tras el 27 de enero, cuando la CIJ haga pública su decisión sobre el diferendo, también se destrabe este paso.
El tren interoceánico, que unirá Puerto Suárez con el puerto peruano de Ilo, con eventual respaldo de China, es una muestra de la perspectiva que mejora la posición para negociar con Chile. No será mañana, pero posiblemente sí pasado mañana, aún sin otro fallo de La Haya. Solo geopolítica.
