Discrepo de quienes al tener un amigo como tripulante de la nave del Estado ya suponen que éste ha contraído una deuda perpetua con uno, y que por tanto, le está terminantemente prohibido defraudar. Por algún arranque de vanidad, los amigos de quien gobierna suelen sentir que sus distinguidos allegados gozan de una situación aventajada en virtud de los estímulos de su entorno previo, y que entonces se deben a él. Así piensan quienes catalogan al intercambio de favores como motor de toda acción pública. “Ahora que está arriba, ojalá se acuerde de mí”, es la frase más gastada en el país de las prebendas.
Amanda Dávila, actual Ministra de Comunicación, es amiga mía desde que empecé a leer sus reportajes en el ya extinto Presencia. Cuando la vi jurando al cargo, nunca se me ocurrió que tuviera algo más que reclamarle que no fuera lo mismo que cualquier ciudadano común y silvestre. La admiración y el respeto se guardan siempre en un cofrecito hermético, inmune a los avatares de la vida política. De modo que los asuntos que paso a enunciar acá bien podrían ser cuatro retos para cualquiera que ostente el valor de querer gobernar la comunicación en Bolivia.
Ahora que Amanda ha revelado que solo reciben publicidad estatal quienes se pliegan a los intereses de la patria, no ejercen actos de discriminación y exhiben un balance informativo que se cuide de amplificar todas las voces… Ahora que Amanda nos ha dicho que una vez cumplidos dichos requisitos, firman contratos con el Estado los medios que: o bien tienen caudalosas audiencias, o bien son escasos y requeridos en poblados áridos de mensajes… Ahora que, al fin sabemos con qué argumentos se justifica una asignación publicitaria dentro de un comité ministerial que tiene a su cargo estas decisiones… Sí, ahora que Amanda ha tenido la formidable valentía de contarlo todo, quizás nos toque remitirle un pliego petitorio. El mío vendría a ser el que sigue:
1) Que en vez de que un comité de autoridades del Órgano Ejecutivo exprima su buen criterio para dictaminar quién ha cometido algún acto de racismo o de discriminación en los medios, que se aplique la ley del ramo y sean los jueces los que se estrenen, al fin, en este cometido.
2) Que en vez de que el mismo comité se agote tratando de medir cuánto equilibrio informativo hay entre los periodistas, que formulemos mejor una receta sencilla para detectar y aplacar linchamientos mediáticos. Qué tal si improvisamos una regla básica: medio al que se le demuestre que le ha negado su derecho a réplica a cualquier persona, queda anotado en una libretita de faltas.
3) Que en vez de que el susodicho comité ministerial se desgrane la mollera intentando detectar traiciones a la patria dentro de las líneas editoriales en curso, que sea una corte marcial que así lo determine, previo estudio de oraciones concebidas bajo bandera enemiga.
4) Que en vez de sopesar dudosos estudios que saltan de escritorio en escritorio, que todos los medios acuerden métodos recíprocamente aceptados y confiables para acreditar tirajes y medir audiencias, de donde saldrían cuotas justas de publicidad con base en la preferencia efectiva del público. A ello se puede añadir una base monetaria mínima común para que hasta los más precarios e insignificantes panfletillos obtengan su salvavidas publicitario.
