La educación es un derecho básico. Una mayor y mejor educación prepara a los ciudadanos para su futura vida laboral (cualquiera que ésta sea); mejora las condiciones de acceso al conocimiento y a la información y, por tanto, a nuestros derechos; y permite seguir nuestras preferencias sobre lo que es el bien común, más allá de la simple consigna vacía de contenido.
La abrumadora mayoría de las familias de nuestro país opta por enviar a sus hijos a escuelas públicas para su formación. Al respecto, cabe recordar que es una obligación del Estado el proveer este servicio. Se espera, por tanto, que el Estado mejore la cantidad y la calidad de la educación en términos de contenidos, del oficio de los educadores y, por supuesto, de infraestructura.
No obstante, a pocos días del inicio del año escolar, cuando se abre el periodo de inscripciones —como ya es una práctica ritual en esta temporada— se presentan las interminables colas para la inscripción de los niños y adolescentes, por la escasez de cupos. Un problema que cada año se incrementa por el crecimiento vegetativo de la población escolar, y que es particularmente agudo en aquellas unidades que gozan de una buena reputación en cuestión de calidad educativa. Y es que naturalmente las familias desean que sus hijos e hijas accedan a la mejor preparación posible, a fin de mejorar sus competencias académicas e intelectuales, algo esencial para que sus oportunidades futuras sean mayores.
En pro de una mayor equidad, el Ministerio de Educación planteó el sorteo de los cupos para admitir nuevos estudiantes en las unidades fiscales. Empero, varias organizaciones de padres de familia se opusieron a esta disposición. Incluso, en combinación con los directores de algunos establecimientos, sustituyeron el rol del Estado y definieron por su cuenta los criterios de admisión de nuevos alumnos.
Lo que está en cuestión en este caso es qué instancia define los criterios de admisión y, más importante, quién opera en la práctica la selección de los que ingresan y de quienes quedan fuera en los establecimientos educativos fiscales de nuestras ciudades. La alternativa de colas y listas de algunas juntas de padres de familia y direcciones de colegios es abiertamente paraestatal. Pero la directiva de sorteos, establecida por el ministerio del ramo simplemente como consigna, sin instrumentos de gestión y sin mecanismos de control, es claramente insuficiente.
Actualmente existen recursos suficientes como para dar un salto en infraestructura educativa. Es imperativo optimizar su uso. Pero ya se cae de maduro el problema de la calidad de la educación pública. Y este problema no podrá ser resuelto en el marco del mantenimiento de los privilegios corporativos del magisterio. Las autoridades deben y pueden empezar ahora a encarar este asunto de interés público.
