Los padres de la pareja de franceses que desapareció en agosto de 2010 en Guayaramerín han solicitado al Fiscal General la celeridad del proceso, que ha sufrido reiteradas dilaciones (el último aplazamiento ocurrió porque la jueza que debía instalar el proceso, el 16 de enero, pidió licencia por “cuestiones” de salud).
Se presume que los jóvenes fueron asesinados en medio de un intento de violación en la hacienda de Jaime Martínez Jiménez, el principal sospechoso. En ese momento, el hijo de tres años de la joven se encontraba con la dueña de la pensión donde estaban hospedados. Desde un inicio, los padres de esta pareja contaron con el apoyo de su embajada, que consiguió interesar al Canciller boliviano; quien a su vez logró comprometer la participación de la Fiscalía y de la Ministra de Justicia para la resolución del caso. Empero, hasta ahora no ha sido resuelto.
Si esto ocurre en un proceso que ha llegado a involucrar a altas autoridades ejecutivas y judiciales, que cuenta con el aval de una de las embajadas más influyentes del planeta, y la persistencia de padres con recursos mayores al promedio nacional, cuesta imaginar el calvario de los miles de ciudadanos de escasos recursos y sin influencias que recorren los tribunales en busca de una justicia que casi nunca llega.
