A estas alturas, referirse con esa figura a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, no solo es manido, sino también anacrónico, considerando el tamaño de la tragedia de agosto de 2013, cuando 35 personas perdieron la vida en un estallido de violencia entre los internos del penal. Sin embargo, al parecer nada ha cambiado en la tristemente célebre prisión.
En efecto, un reportaje de este diario publicado ayer muestra que los poderes internos siguen cebándose, tanto de la falta de un control efectivo de la población penitenciaria por parte de la Policía, como de la retardación de justicia que tienen las cárceles sobrepobladas, y por ende ofrece un amplio “mercado” para quienes lucran con el cobro por “seguro de vida”, la venta de espacios en las celdas, el uso de teléfonos celulares, la gestión de traslado de un pabellón a otro y el cobro a visitantes.
Según testimonios, mensualmente ingresan al penal de Palmasola de manera preventiva entre 600 y 700 personas; cada una de ellas debe pagar una prima de $us 1.000 para ponerse a buen recaudo. Haciendo cifras, la recaudación fácilmente alcanza a $us 600.000 en 30 días.
La inmobiliaria es otro de los rubros que genera un gran movimiento económico por el arrendamiento de celdas. Según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, en Palmasola hay 5.200 internos, quienes pagan por el arriendo entre Bs 150 y 400 por celda; si tomamos la cifra inferior, la cobranza llegaría al mes a Bs 780.000.
También se perciben ingresos por el traslado de internos del pabellón de Chonchocorito, el sector de máxima seguridad, a los pabellones de régimen abierto; el costo para este trámite está entre $us 2.500 y 5.000, el precio final es fijado de acuerdo con el delito del interno. A ello se suma el cobro por el uso de teléfonos celulares dentro del penal por una cifra que no fue revelada. Asimismo, las visitas deben pagar Bs 5 para ingresar al recinto carcelario.
Finalmente, como en Palmasola hay, en promedio, alrededor de 289 presos por cada policía, el contrabando o ingreso de drogas, alcohol, televisores y celulares en muchas ocasiones sale del control de los encargados de mantener el orden y la seguridad, cuando no están involucrados de alguna manera en el ilícito tráfico.
La reyerta del 23 de agosto de 2013 iniciada por el ataque de los reclusos del bloque B a los del A, costó la vida a 35 personas, entre ellas un niño de 18 meses, y dejó 33 heridos. La desgracia cobró la atención de las autoridades del Gobierno y generó una serie de compromisos para erradicar la corrupción y violación a los derechos humanos. Pasado el estupor, exceptuando la política de indulto, ninguno de los compromisos fue cumplido.
Urge, pues, encontrar soluciones a la problemática del sistema penal, y Palmasola bien podría ser la primera en merecer atención.
