En diversos foros se analizan periódicamente los factores que influyen en el desarrollo rural de los municipios del país. Desde que fortalecieron sus presupuestos a través del impuesto a los hidrocarburos y otros ingresos, la inversión pública en estos distritos se ha multiplicado significativamente pasando de $us 140 a 991 millones en los últimos seis años.
Sin embargo, los montos promedio ejecutados no pasan del 60%, de los que menos del 5% se destina a inversiones productivas. Todo está prácticamente centralizado en obras de infraestructura, como se puede ver al recorrer poblaciones rurales en las que sobresalen coliseos, colegios, mercados, postas sanitarias, canchas de pasto sintético, rimbombantes edificios municipales y otras obras tan visibles como improductivas.
En los foros de análisis en los que participan autoridades municipales y productores, se enumeran diversos factores que impiden al municipio incluir mecanismos para transferir recursos a los actores económicos del desarrollo que son los pequeños productores. Pero, en realidad, lo preocupante es que la mayor parte de estos argumentos son sólo pretextos que revelan el problema fundamental: no hay voluntad política de las autoridades municipales para promocionar y fomentar la participación de las organizaciones de los pequeños productores en la planificación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo.
Esta falta de voluntad política se expresa en el rechazo por parte de las organizaciones sociales territoriales a las asociaciones productivas, en una actitud alarmante y paradójica, porque siendo las autoridades mismas parte de la comunidad y de sus asociaciones, no las reconocen como representantes legítimas del territorio, y lo que es peor, se oponen a que entidades particulares logren beneficios.
Muchos líderes políticos municipales consideran que la prosperidad particular y familiar es contraria al progreso de la comunidad. Convencimiento que defienden en acaloradas intervenciones en las que su fobia al beneficio particular los lleva a negar que las organizaciones económicas campesinas sean entidades privadas. Estas contradicciones contribuyen al divorcio entre las políticas públicas para el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural desde una visión territorial local y de negocio sostenible.
En los foros de análisis, los líderes de productores, que muchas veces son vecinos y hasta parientes de las autoridades, son muy duros criticando el total desprecio que manifiestan las municipalidades por la producción, que en muchos casos da vida al pueblo. Y es que al final, como dicen ellos, todas esas escuelas, postas, canchas y mercados quedarán vacíos si no se consolida la producción en manos particulares.
Dado que las asociaciones de productores no son sujetos de transferencia de recursos públicos, muchas de ellas tienen poca legitimidad y reconocimiento ante las organizaciones sociales territoriales; y más bien en muchos casos ambas están en conflicto, impidiendo el desarrollo de acuerdos y visiones comunes sobre desarrollo local.
Por todo esto, los foros en los que se analizan los factores que impiden y retrasan el desarrollo económico rural deberían abocarse a revertir la esencia del problema, que no es otra que la falta de voluntad política de las organizaciones sociales y de las autoridades municipales para apoyar la participación efectiva de las organizaciones de productores en la planificación municipal.
