A fines del pasado año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó oficialmente el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), iniciativa orientada a que los gobiernos potencien el sector con políticas e iniciativas y así garantizar la seguridad alimentaria de los países, erradicar el hambre y conservar la naturaleza. Para Bolivia es una oportunidad.
En efecto, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 70% de la población expuesta a la inseguridad alimentaria vive en zonas rurales de África, Asia, América Latina y el Cercano Oriente. Esa población está compuesta en su mayoría por agricultores familiares, especialmente pequeños agricultores, con acceso limitado a los recursos naturales, a las políticas y a las tecnologías. Un objetivo del AIAF es integrarlos a redes y mercados.
Bolivia está entre los países con un alto porcentaje de familias dedicadas a la agricultura. Según datos de la FAO, en 2007 el 83,4% de la población económicamente activa rural en Bolivia pertenecía a la categoría de cuenta propia y familiar no remunerado, que puede asociarse a hogares de agricultura familiar y a emprendimientos rurales.
De ahí que, como reacción al AIAF, el Gobierno busca garantizar mercados para los productos de los agricultores familiares a través de la industrialización, la diversificación de la alimentación y el almacenamiento de algunos artículos en silos para que estén disponibles cuando sean requeridos.
El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario ha afirmado que la agricultura familiar es fundamental para el país, porque “es la base de la alimentación” y abastece al mercado interno a un precio justo. Agregó que el Órgano Ejecutivo está elaborando una norma para que los gobiernos locales compren la producción agrícola de los agricultores familiares.
Asimismo, según el viceministro, se está trabajando en la elaboración del Programa Nacional de Agricultura Familiar Sustentable con la participación de todos los sectores, iniciativa que sería aprobada en junio y que es un programa integral que busca otorgar a los agricultores familiares seguridad jurídica, semillas certificadas, acceso a servicios básicos, créditos y recursos para infraestructura productiva, comercialización e industrialización. Finalmente, también se anunció que está en plena elaboración el reglamento de la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas Originarias.
Hay, pues, una serie de iniciativas, anteriores a la declaratoria del AIAF, que coinciden con los objetivos propuestos por las Naciones Unidas para este año. La posibilidad de convertir a Bolivia en un abastecedor de alimentos no solo para toda su población, sino también para la región, es probablemente el mejor incentivo para favorecer el desarrollo rural, orientando los recursos a los pequeños productores.
