Ya había rebasado a la misma Asamblea Constituyente, aunque en ese tiempo se dijo que el asunto era de una ley particular, con el mandato, de manera general, del artículo 305 de la que es hoy la Constitución Política del Estado (CPE). Más adelante, el periplo del pacto fiscal —un acuerdo institucional de todos los niveles de gobierno del Estado y la sociedad civil para la gestión o generación de recursos, su distribución y su conversión en políticas públicas— tuvo una polémica fuerte entre las regiones y el Gobierno cuando se discutía la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que —a juzgar por la actual situación— fijó más o menos su destino.
Ahora, en plenos aprestos electorales, el asunto ha recobrado vida, alimentado especialmente por la oposición regional del Gobierno en Santa Cruz, que reivindica la necesidad de discutirlo. Es que la Ley de Autonomías, en su disposición transitoria décima, establece que en un plazo “no mayor” a los seis meses luego de conocidos los resultados del Censo de Población y Vivienda (2012), “la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías para desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas”. En mi humilde juicio, ese plazo terminó el 31 de enero, tomando en cuenta que esos datos fueron publicados oficialmente el 31 de julio de 2013. Es decir, el pacto fiscal ya debiera estar en pleno debate institucional y social, pero hay peros…
El vicepresidente Álvaro García Linera fue el primero en salir al paso de la polémica. Respecto de la fecha fatal, dijo que es una “actitud equivocada” el ponerse un plazo, “es una mala salida colocarse una soga al cuello anticipadamente”. Y en un contacto con La Razón, el 29 de enero, la viceministra de Autonomías, Gísela López, remató: “(…) En realidad, los resultados que se han presentado no han sido los totales; todavía falta información (desagregada)”.
¿Los del 31 de junio no eran acaso los resultados finales y oficiales? Aunque con matices, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, fue más sensata. Dijo el 31 de enero en radio Erbol que se está estudiando una metodología para el debate y “lo primero que va a decir (ese instrumento) es que el pacto fiscal no es algo que se pueda negociar en un año electoral”.
Cierto, es año electoral, empecé diciendo eso. Por ahí debiera el Gobierno comenzar a justificar la imposibilidad del acuerdo. Y la oposición, entender de que esa situación es factor clave para el éxito o fracaso de tan importante instrumento del ejercicio de las autonomías. Sin embargo, la ausencia de un comportamiento sincero del Gobierno y la mezquindad de quienes pretenden hablar del tema a menos de nueve meses de las elecciones generales están alimentando un falso debate en los medios y la opinión pública.
Es hipócrita pensar que en esas condiciones se discuta un pacto fiscal real. Ni hay insumos adecuados, ni consensos posibles ni interés sublime de parte de las fuerzas políticas, sociales y regionales. La consideración del tema incluso debiera postergarse para después de las elecciones regionales de abril de 2015; hacerla antes será nomás motivada por intereses electorales.
¿Será posible concertar algo cuando las fuerzas detractoras lo único que buscan respectivamente es zafarse del problema o aprovecharse de él para posicionarse políticamente? Sabemos que hablar de plata siempre ha traído buenos réditos.
