En medio de la reiterada disputa verbal con las autoridades jurisdiccionales del país, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, reveló que los operadores de justicia en el país “se dieron hasta fin de año” para mostrar a la ciudadanía, al menos, un gesto de cambio en su imagen. Así pues, palabra oficial, los responsables del Órgano Judicial tienen diez meses para reivindicarse.
La declaración de la ministra tiene que ver con los problemas estructurales y persistentes de corrupción y de retardación que caracterizan a nuestro sistema de administración de justicia y que, en su criterio, no se modificaron sustancialmente pese a la elección popular, en octubre de 2011, de las principales autoridades del sector.
Tiene que ver entonces dicho compromiso con plazo, con acciones concretas y cambios en la norma como el reglamento de selección de postulantes al Órgano Judicial.
El problema de establecer plazos fatales para grandes cambios es que generalmente no se cumplen. Así, es muy probable que a fin de año la Justicia haya cambiado poco o nada tanto en su estructura y funcionamiento como en la negativa percepción ciudadana. ¿Qué se hará entonces? ¿Renunciarán las autoridades (incluida la cabeza del sector) admitiendo fracaso o imposibilidad? ¿Serán sancionadas aquellas personas que, en lugar de administrar justicia, aparecen con juicios de corrupción?
Estos mandatos o compromisos de reformas a plazo fijo no son cosa nueva. Casi todos los comandantes de la Policía, por ejemplo, al momento de asumir sus cargos, juraron que en 90 días, hasta fin de año, en dos años, etcétera, cambiarían la institución verde olivo y, claro, mejorarían su imagen. La constante es que todos ellos, personas, se fueron pero la Policía, institución, sigue sin reformarse y como “núcleo duro”, junto a la administración de justicia, de la indefensión ciudadana.
Lo propio ocurre con el Ministerio Público. Diferentes fiscales generales asumieron y anunciaron el compromiso, quizás con genuina preocupación, de que habría cambios en la institución. No lo lograron. Ahora mismo asistimos a un nuevo intento por reformar drásticamente el Ministerio Público para ponerlo al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares. Es evidente que a la Fiscalía, como a la Justicia y a la Policía, salvo excepciones, no les ha llegado aún el proceso de cambio.
Volvamos a la relevante decisión de los operadores de justicia en el país, que hace poco tuvieron una importante reunión de coordinación para mejorar su imagen. Es de suponer que saben bien que una transformación en este sentido es resultado de un cambio en el funcionamiento del sistema. ¿Se habrá reducido de manera importante, en los próximos diez meses, la actual esencia de corrupción y de retardación de justicia? Sin pecar de escépticos o pesimistas, estaremos aquí, en diciembre, recordando este compromiso.
