Días atrás, finalizó el proceso de reglamentación de la nueva ley de telecomunicaciones. En uno de los decretos supremos de reglamentación, en el DS 1793, del 13 de noviembre de 2013, se definen fechas para que todas las reparticiones estatales migren, de manera masiva y obligatoria, hacia el software libre. Se trata, pues, de un paso de la mayor importancia.
Como antecedente, es importante destacar que todo el Gobierno brasileño migró hacia plataformas de software libre hace ya varios años. Concretamente desde 2003, en el gobierno de Lula da Silva. Con ello, el país vecino dejó de pagar las licencias y patentes que las grandes empresas monopólicas requieren por ejemplo para el software de oficina. Se estima que solo Microsoft tiene hasta el 90% del mercado de software de oficina que se usa en el mundo.
Ante la noticia de que Bolivia siga los pasos de Brasil, rápidamente los ejecutivos de Microsoft se pusieron en campaña para intentar convencer (hasta ahora sin éxito) a las autoridades bolivianas de que “dejaran elegir” a los usuarios el software que ellos “quisieran usar”, sin imponer restricciones a la compra de software privativo.
Si hay un concepto que es importante rescatar, que incluso está inscrito en la Agenda Patriótica del bicentenario, es el de soberanía tecnológica; pues en la medida en que las decisiones soberanas del Estado deban ser “consultadas” o “consensuadas” con las empresas monopólicas transnacionales, menos margen de acción tendrá el país. Ya pasaron más de diez años desde que, para vergüenza de todos, el gobierno de entonces avaló que una alianza de empresas de informática realice operativos sorpresa para verificar si nuestras entidades estatales contaban con software pirata o no.
Y como lo muestran las recientes noticias sobre la tímida (y muy poco trascendente) decisión de hacer transparentes algunos elementos de las solicitudes de información personal (de los internautas de todo el mundo) por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, no solo es importante poder tener control del software a nivel de usuario de oficina, sino también, y tal vez más importante aún, tener control del software de comunicación por correo electrónico, servidores y almacenamiento web.
Las ventajas del software libre no solo consisten en dejar de pagar licencias y patentes, lo cual ya en sí es virtuoso; se trata de generar un mercado local de desarrolladores y de especialistas que diseñen, modifiquen, hagan mantenimiento y operen los sistemas informáticos hechos en Bolivia. En otras palabras, estamos hablando de generar una industria de alta tecnología hecha en Bolivia, que puede generar empleos de calidad, que tiene el potencial incluso de generar exportaciones de muy alto valor agregado. Todo esto, mientras el país ahorra divisas. Parece una situación en la que solo podemos ganar.
